En la segunda parte de su audición radial, José Mujica se refirió al decreto presidencial que obliga a los funcionarios públicos a trabajar, por lo menos, seis horas. Luego de conocerse ese texto, funcionarios de los Ministerios de Trabajo, Turismo y Cultura presentaron un recurso judicial contra la Administración Central, argumentando que la “extensión de horario” les producía una rebaja salarial. Finalmente, la Justicia desestimó el pedido.
“Sentimos mucho dolor”, admitió Mujica, quien contó que Presidencia recibió unos 5.000 reclamos administrativos “contra esa intención nuestra de pedirle a los funcionarios públicos trabajen, por lo menos, seis horas. “Al parecer somos unos desalmados, al parecer vamos contra el multiempleo. Nos están diciendo de todo por cometer el pecado de pretender que la gente trabaje seis horas”.
El presidente reconoció que “es posible” que haya “algún papelito firmado” que le dé la razón a los públicos. Pero agregó: “cuando aparezcan los papelitos firmados que autorizaron, revisaremos la situación”.
El primer mandatario indicó que estos reclamos se dan simultáneamente a la intención del gobierno de hacer cumplir la ley de ocho horas para los trabajadores rurales. “Está aprobada pero sabemos a ciencia cierta que en muchos lugares del país no se aplica”, comentó. “Nos duele mucho que una cantidad importante de señores universitarios, que han tenido la suerte, la capacidad y la voluntad de hacer posible el goce de una profesión liberal, se nos niegan a trabajar seis horas”.
Mujica recordó que el país no es infinito y los recursos del Estado “son los que paga el pueblo”. “Seguramente que en algún rincón puede haber alguna injusticia, por lo que fuere. Pero en términos generales, consideramos que es ético pedirle a los funcionarios públicos de este país que -por lo menos- trabajen seis horas. Nos mantendremos en esa decisión porque nos parece que es una obligación: nosotros no vamos a decir que hacemos que pagamos y los funcionarios que hacen como que trabajan. No, no. Nosotros no pagamos, el que paga es el pueblo uruguayo, a través de los impuesto. Y nuestro deber es defender los intereses generales del pueblo uruguayo”.
