El proyecto tiene un único artículo que no especifica cómo hará el Estado estas tareas ni la forma en que llegará la marihuana a los usuarios. El artículo aclara que sigue vigente la penalización para la comercialización de marihuana que no realice el Estado.
Según la fundación del proyecto, la ley se redacta “a efectos de contribuir a reducir los riesgos recreativos o medicinales, los que por tener que abastecerse en el mercado ilegal, se ven necesariamente denigrados e involucrados en actividades delictivas y en prácticas con alto riesgo, exponiéndose así, además, a entrar en contacto con el consumo de drogas toxicológicamente más riesgosas, como es el caso de la pasta base de cocaína entre otras”.
El proyecto argumenta sobre el fracaso de la guerra contra las drogas diseñada hace 50 años y cita cifras de incremento en el consumo de opiáceos (34,5%), cocaína (27%) y marihuana (8,5%) entre 1998 y 2008.
El artículo plantea que “el Estado asumirá el control y la regulación de las actividades de importación, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización, y distribución de marihuana o sus derivados, en los términos y condiciones que al respecto fije de la reglamentación”.
El texto deja librado todos los aspectos derivados de ese planteamiento a lo que establezca la reglamentación.
Este proyecto no modifica la vigente prohibición del comercio de marihuana entre particulares, y el gobierno asegura que se desarrollará en "el marco de una política de reducción de daños" que "alerte" a los ciudadanos sobre los efectos nocivos del consumo de la droga.
La decisión del gobierno uruguayo tiene entre sus objetivos "la separación del mercado de la marihuana del mercado de las otras drogas", toxicológicamente más riesgosas, y la "inclusión social plena" de su uso.
Además, a través de este proyecto se busca "desarrollar un combate frontal al narcotráfico", negocio que según estimaciones tomadas por el proyecto movilizan entre 30 y 40 millones de dólares anuales y que implican "una fuente de corrupción y violencia" social.
El ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, dijo que "es un proyecto que tiende a legalizar en el marco de la separación de los mercados y luego deja abierta una gama de posibilidades sobre la forma en que se va a realizar".
