El proyecto fue escrito por Peña y el diputado frenteamplista Gonzalo Mujica, del Movimiento de Participación Popular. Además tuvo instancias de análisis y ajustes con el Ministerio de Economía y Finanzas.
Ahora, desde hace 10 meses está en la comisión de Hacienda del Senado, sin ningún movimiento.
Según Peña, la norma a estudio se usó para negociar y sólo para eso lo quiere el gobierno. “Hasta el propio vicepresidente de la República manifestó su total respaldo al proyecto y ni siquiera la posibilidad de cambiarle una coma, con lo cual había entusiasmado a todos los involucrados. La realidad es que nosotros tenemos que este proyecto haya sido usado como mecanismo de negociación por los bancos. En la medida en que los bancos fueron retrocediendo y acercándose a algunas de las aspiraciones que tiene el gobierno, no se habría presentado la ley”, dijo Peña.
El mercado actual de las tarjetas de crédito en Uruguay es de 3.000 millones de dólares anuales. Con el estímulo a la bancarización se estima que llegue a los 30.000 millones. Sin embargo, no está regulado y se dan situaciones de abuso.
Este proyecto de ley contempla algunos aspectos que hoy no se regulan en el mercado y que perjudican a algunos sectores. Por ejemplo, que los comercios pequeños pagan aranceles más altos que los grandes comercios.
El gobierno solucionó parcialmente este problema pero al mismo tiempo le dio concesiones a los bancos. A fines de 2011, previo a la aprobación del proyecto en Diputados, realizó un acuerdo con los bancos para regular el valor del arancel. La medida se presentó en Cambadu.
A partir de enero del año pasado, el arancel máximo para tarjetas de crédito pasó a ser de 4,5% en compras a contado y 4,9% en compras en cuotas. Para tarjetas de débito, el arancel máximo pasó a ser de 2,5%, de forma de promover las compras con tarjetas de débito que actualmente tienen poca incidencia.
El proyecto de ley propone que no haya una diferencia de más de dos puntos porcentuales entre comercios.
Pero también los bancos han tenido sus logros durante este tiempo de negociación. Las dos medidas que, según Peña, lograron imponer los bancos previo a la aprobación del proyecto en Diputados, fueron la duplicación del arancel en tarjetas internacionales y el seguro de vida obligatorio. Hoy todos los usuarios de tarjetas pagan un seguro de vida sobre el saldo que se calcula por la deuda.
Peña dijo que este martes va a pedir que el proyecto se trate en la Comisión de Hacienda del Senado que él integra como suplente porque está en lugar del senador nacionalista Sergio Abreu.
“Si no tenemos una señal clara, tal vez la sospecha de que se esté utilizando este proyecto de ley como moneda de cambio y que poco le importa al gobierno defender a los ciudadanos sino tener herramientas para negociar mejor con los bancos, deje de serlo. (Entonces) estaremos viendo qué pasos damos con todos quienes creen en la necesidad de que las garantías del sistema financiero estén en la ley”, afirmó el legislador.