Tarjetas recuperan terreno con medidas en detrimento de usuarios

Los bancos tomaron medidas en detrimento de comercios y usuarios para recuperar el terreno perdido con el tope que se le puso a los aranceles de las tarjetas de crédito. Para Julio Facal, docente de Derecho Comercial, estas situaciones muestran que es necesario votar la ley que regula este mercado, aprobada hace un año en Diputados pero "cajoneada" en el Senado.

Actualizado: 27 de junio de 2013 —  Por: Emiliano Zecca

Tarjetas recuperan terreno con medidas en detrimento de usuarios

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El proyecto de ley que regula el Sistema de Tarjetas de Crédito está en el Senado a un año de su aprobación por unanimidad en Diputados. El gobierno defiende un acuerdo con los bancos que logró a fines de 2011 donde se propone una autorregulación y argumenta que la aprobación de la norma no cambiará demasiado el panorama.

Facal es posgraduado de la Especialización en Derecho Comercial de la Universidad de la República y además trabajó junto al gobierno y los diputados en la elaboración del proyecto de ley.

El abogado cree que es importante contar con la ley porque si no se pueden generar situaciones de abuso. "Entendemos que este mercado es de interés general debe ser regulado y no puede quedar al libre albedrío de un acuerdo privado entre el Estado y las tarjetas, que puede ser violentado en cualquier momento", sostuvo.

El diputado Daniel Peña del Partido Nacional, que participó en la elaboración del proyecto, dijo hace algunas semanas en No toquen nada que la iniciativa es utilizada como mecanismo de negociación por el gobierno y no hay intenciones de aprobarla.

Para Gonzalo Mujica del Frente Amplio, el otro diputado que elaboró el proyecto, el acuerdo conseguido con las tarjetas de crédito en 2011 los pone en una situación similar a la del proyecto de ley. La medida se presentó en Cambadu y estableció que a partir de enero del año pasado, el arancel máximo para tarjetas de crédito pasó a ser de 4,5% en compras a contado y 4,9% en compras en cuotas. Para tarjetas de débito, el arancel máximo pasó a ser de 2,5%, de forma de promover las compras con tarjetas de débito que actualmente tienen poca incidencia.

El proyecto de ley propone regular la dispersión y no colocar un tope. La idea es que no haya una diferencia de más de dos puntos entre comercios. Según Facal, esto fue idea del propio Ministerio de Economía, que después realizó un acuerdo con las tarjetas y dejó de trabajar en el proyecto de ley. "Con el economista Polgar y con Martín Vallcorba nos pusimos a trabajar en este proyecto, incluso el ministerio hace sugerencias. El proyecto inicial topeaba las tarjetas y el ministerio sugiere regular la dispersión. Con esa modificación se presentó a Diputados y el Ministerio de Economía un día dejó de enviar información y no supimos más que había pasado. Eso nos dejó helados, porque veníamos trabajando con ellos", explicó.

El mercado actual de las tarjetas de crédito en Uruguay es de 3.000 millones de dólares anuales. Y con el estímulo a la bancarización que pretende el gobierno se estima que llegue a los 30.000 millones.

Según Facal, hubo dos medidas que los bancos impusieron para recuperar lo que perdieron por el tope de arancel. Una fue la duplicación del arancel en tarjetas internacionales y otro el seguro de vida obligatorio de 0,3% sobre el monto a pagar que las tarjetas impusieron a los consumidores de forma unilateral. Estos dos aspectos están regulados en la norma que está a estudio en el Parlamento.

En Brasil y Argentina, las tarjetas tuvieron que reconocer que este seguro de vida era ilegal y le devolvieron el dinero a los consumidores.

Hace algunas semanas el diputado Peña estuvo como suplente del senador Sergio Abreu en el Senado y en su participación en la comisión de Hacienda propuso que se trate este proyecto.

No toquen nada consultó a Rafael Michelini pero el presidente de la comisión de Hacienda dijo que no se iba a referir a este proyecto hasta que sea tratado.

"La situación actual es que la autorregulación que las tarjetas aceptaron en el acuerdo con el Ejecutivo es similar a lo que propone el proyecto, así que no cambiaría gran cosa, pero tampoco hay ninguna negociación vinculada a flexibilizarlo", afirmó el diputado Mujica.

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