Lacalle planteó usar estas medidas para descongestionar las cárceles y Pedro Bordaberry lo acusó de querer liberar delincuentes con inexperiencia como, según él, lo hizo el gobierno de Tabaré Vázquez.
“Podríamos tener un 12 o un 13% de aquellas personas privadas libertad con la posibilidad de tener penas alternativas a la prisión, obviamente siempre y cuando no revistan peligrosidad y sea por delitos menores o por algunos primarios que claramente hay un error en sus conductas y que no tienen los visos de poder ser alguien que reincide”, dijo el candidato blanco.
Pero la discusión que se dio es sobre una ley del Partido Colorado que puso en práctica el gobierno de José Mujica.
El juez puede no decretar la prisión preventiva y aplicar medidas alternativas tales como: presentación periódica ante el Juzgado o Seccional Policial, prohibición de conducir vehículos por un plazo de hasta dos años, prohibición de concurrir a determinados lugares, comercios o domicilios, incluido el propio, la obligación de permanecer dentro de determinados límites territoriales, recibir atención médica o psicológica de apoyo o rehabilitación, o la prestación de servicios comunitarios.
Garcé explicó que esa ley de medidas alternativas de enero de 2004 no tenía mucho sentido sin la creación de la OSLA, que se creó por decreto en junio de 2010. “Tuvo una aplicación bastante limitada, bastante escasa, hasta 2012-2013, sobre todo por falta de mecanismos de seguimiento administrativo. Si el juez dictaba una medida sustitutiva de la prisión preventiva era lo más parecido a acto de fe porque no tenía un sistema objetivo de seguimiento. Con la creación en 2012 de la OSLA en el Ministerio del Interior hubo un cambio dando un mayor respaldo a los jueces”, señaló.
“Hay aproximadamente unas 300 personas que están en programas de libertad asistida y que han sido procesadas sin prisión. Si a eso se le suma la cantidad de personas que han sido procesadas por faltas, la cantidad de personas que están bajo el seguimiento de la OSLA superan las mil”, expresó Garcé.
El Comisionado Parlamentario advirtió que ha habido “un enlentecimiento en el ritmo de crecimiento (de la población carcelaria) que se explica por los procesamientos sin prisión".
