El decreto se aplica para los edificios que cuentan con cuatro o más viviendas y en el caso de las oficinas están todas incluidas. Las viviendas deben contar, como mínimo, con un dormitorio, un servicio higiénico y cocina con accesibilidad convertible.
Las nuevas disposiciones debían aplicarse desde el 23 julio, pero surgieron discusiones y diferencias entre la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay (APPCU) y la IM. Incluso, hay discrepancias internas entre los promotores.
Lezama dijo que la aplicación de la norma no podía demorarse más. "A partir del 1 de octubre, todo proyecto que se presenta debe tener esta nueva reglamentación. Hasta ahora, las construcciones debían ser accesibles en base a otro tipo de reglamentaciones que no tenían un cambio tan radical como ahora. En términos políticos esto ha sido difícil porque hay actores que tienen una mirada diferente del impacto de esta reglamentación, pero la IM tiene una definición unánime en todas sus áreas y se reafirma que esta normativa empieza a regir ahora y no se va a postergar más", explicó.
En mayo del año pasado, la Junta Departamental aprobó este decreto que estableció que todas las viviendas serían "convertibles". Esto implica que cualquier construcción deberá ser modificable para garantizar la accesibilidad en un 100%.
El decreto se aplica para los edificios que cuentan con cuatro o más viviendas y en el caso de las oficinas están todas incluidas.
Lezama dijo que esto es un cambio de paradigma en las construcciones. "Así como en algún momento se definió que las obras y las construcciones debían ser seguras para preservar la vida y, por lo tanto, debían contar con habilitaciones de seguridad de bomberos y etc. Esta reglamentación sigue privilegiando la vida y en este caso de las personas con discapacidad, que es mejorar la vida del conjunto de las personas", expresó.
En los meses previos a la entrada en vigencia de la norma, se registraron colas y hubo apuro de los promotores privados para presentar obras que no cumplían con las nuevas disposiciones.
Ariel Cagnoli, presidente de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay (APPCU), que reconoció la situación en ese momento y dijo que tenían dificultades internas.
Lezama dijo que los proyectos que no cumplan con la nueva normativa no serán aceptados. "Esto entra en los sistemas de fiscalización convencionales que tiene la IM, es decir, para construir se tiene que presentar una propuesta y la IM debe aceptarlo. Por lo tanto, al momento de presentar el diseño las nuevas condiciones deben estar contempladas y si eso no se cumple, no será aceptado. Después, así como van a ver que se cumplan las disposiciones de incendios, van a ver las condiciones de accesibilidad", agregó.
El concepto de vivienda convertible fue planteado por la Asociación de Promotores Privados del Uruguay (APPU) en 2010. Los fiscalizadores de la IM diseñaron la normativa en conjunto con los promotores y Lezama dijo que tienen un muy buen manejo.
De todas maneras, la IM considera que se debe promover la capacitación sobre el sentido que tiene esta normativa para que se entienda el por qué. "Que puedan pensar la obra, el diseño y la proyección, entendiéndola, que no sea solo aplicar porcentajes y cumplir con medidas. Eso no es una tarea sencilla, pero para poner un ejemplo que venimos trabajando hace algunos años, la IM está financiando un curso sobre accesibilidad en Facultad de Arquitectura y eso es parte de un embrión que se viene dando y que va a tener sus resultados en los próximos años", explicó.
