El decreto, que beneficia a los usuarios y reduce la ganancia de la industria, fue aprobado por unanimidad en la Junta Nacional de la Salud (Junasa) y fue firmado por la ex ministra de Salud, Susana Muñiz. Pero cuando fue a Presidencia para recibir la firma de Mujica se frenó.
El Ministerio de Salud Pública (MSP) pretendía que el decreto entrara en vigencia en octubre de 2014. No toquen nada supo que la ministra recibió una llamada desde Presidencia, el día antes de anunciarlo, con un pedido expreso para frenar la presentación y suspender la conferencia de prensa fijada.
El actual ministro de Salud, Jorge Basso, dijo a No toquen nada que estudiarán el tema y verán cómo implementarlo según las posibilidades económicas de los usuarios. "Distintas administraciones han trabajado el tema, hay medicamentos de crónicos a los que se les ha venido reduciendo los copagos, por ejemplo, hipertensión, diabetes e incluso algunas enfermedades mentales. La idea es seguir en ese proceso, conozco ese decreto y hemos solicitado más información. No todas las personas tienen el mismo nivel económico y el mismo acceso a los medicamentos, nosotros queremos proteger a los que tienen dificultades para tomar la medicación que les corresponde", señaló.
Fuentes del MSP dijeron a No toquen nada que ahora la idea sería aplicar la regulación por patología. Esto se haría medicamento por medicamento e implicaría una renuncia a la equidad de la medida anterior.
Por qué se trancó el decreto original
El decreto define cuáles son los tratamientos prolongados (crónicos) y obliga a las instituciones a entregar medicación por un período que no sea inferior a los 30 días con un solo ticket.
Con esta medida se esperaba reducir costos para los usuarios y tiempos de espera, ya que se eliminarían las consultas para "repetir medicación".
La Junasa ahora está en un periodo de transición. Luis Enrique Gallo dejó la presidencia y asumió Arturo Echevarría, ex director de Finanzas de la Intendencia de Montevideo.
Gallo no sabe por qué no se aplicó el decreto anterior. "Teníamos la aprobación de todos los integrantes de la Junasa y no vemos una causa", dijo.
Los trabajadores y los usuarios, que también tienen representación en la Junasa, hicieron pedidos de informes. "Se hizo un estudio de costos, se vio cuál podía ser la financiación y se remitió al Poder Ejecutivo. Nosotros esperamos que se haga efectivo porque es un aporte muy importante a la supresión de las barreras en la salud", señaló el representante de la Federación Uruguaya de la Salud en la Junasa, Mario Mujica.
Las instituciones médicas también votaron a favor del decreto luego de una larga negociación. A cambio, el gobierno les aseguró -previa aprobación del ministro de Economía, Mario Bergara- una partida de 15 millones de dólares para cubrir las pérdidas que tendrían por el cambio de modelo de administración de medicamentos, según argumentaron los prestadores.
Pero el decreto también pretendía combatir la política de los laboratorios, que incluyen menos comprimidos en las cajas que comercializan en las instituciones. Con este decreto no importan las cajas, el usuario paga un ticket y recibe todos los medicamentos necesarios para cubrir el mes o hasta los tres meses de tratamiento. Esto implicaría una renuncia económica a lo que la industria ganan hoy o un cambio en el modelo de comercialización para no perder dinero, que afectaría a las instituciones. Esta es la dificultad que frena la aprobación del decreto, según supo No toquen nada.
Mujica, representante de los trabajadores en la Junasa, dijo que no conoce en profundidad las quejas que se realizaron, aunque reconoció que hubo reparos por parte de la industria. "En su momento, cuando se hicieron los estudios de viabilidad económica, no por parte de la Junta, pero las divisiones encargadas de definir los costos y estudiarlos tuvieron reparos de parte de la industria", afirmó.
