“Este señor, productor de soja, que fumiga la zona —que, como sabemos todos, está a cuatro kilómetros de la ciudad de Canelones y, por lo tanto, es una zona urbana—, sigue dañando a los pobladores con su accionar. Pobladores que, a raíz del fungicida, presentan, como ya se ha dicho, afecciones varias constatadas por los servicios de salud: problemas respiratorios, vómitos, diarreas, cefaleas; llama la atención que dicho productor sea médico. No es justa la situación que vienen atravesando estos vecinos desde 2013, a lo que se suma la amenaza sufrida el 8 de agosto por la vecina Adriana Pascual, a quien este señor amenazó incluso de muerte, creyéndose, poco menos, el sheriff de la zona”, dijo la edila frenteamplista Cristina Frasson sobre Máximo Castilla.
Este productor fue sancionado por la Intendencia de Canelones y deberá pagar tres multas por un millón de dólares. La edila Frasson dijo sus palabras cuando la Junta Departamental discutió las sanciones que debían ser aprobadas por mayoría especial.
Otro edil oficialista que se refirió a Castilla fue Edgardo Duarte. El hombre se solidarizó con la vecina, Adriana Pascual, que sufrió las agresiones del productor. “De alguna manera, esa es la primera vez que se asienta una denuncia, que se investiga y se llega a la aplicación de una sanción”, dijo.
“Cuando el Ministerio de Salud Pública, que además estuvo representado en el Tribunal de Ética Médica, impone una multa de 1000 UR, entre los descargos que presenta este doctor, en el séptimo punto, dice que el daño recibido por los denunciantes habría sido auto inflingido y que la sanción impuesta es arbitraria. Quiere decir que la gente se enfermó, contrajo alergias solamente para hacerle mal al productor Castilla. Es increíble el descaro de esta persona. La multa terminó siendo ratificada por el mencionado ministerio, por los daños y perjuicios causados en la zona”, agregó.
El Tribunal de Ética Médica también aplicó una sanción a Castilla el 2 de diciembre por obtener de forma indebida y luego divulgar información de pacientes que lo denunciaron. El médico sojero recibió una suspensión de tres meses para ejercer su profesión. Pero esto fue en primera instancia, ya que luego la decisión del tribunal fue apelada y el consejo del Colegio Médico le dio la razón.
Leonardo Herou, director general de Gestión Ambiental de Canelones, dijo a 180 que para poder aplicar la normativa departamental tienen un protocolo de control y vigilancia ambiental con controles periódicos por aire, agua, tierra y satelitales. Pero, sobre todo, apuestan al control social.
“Generamos los canales para que cuando los vecinos detecten una irregularidad, una infracción o algo que puede ser un delito tengan donde comunicarse. No podemos tener un policía cada 100 metros en todo el departamento. Entonces, tenemos que buscar que los vecinos, en tanto ciudadanos con derechos y obligaciones, puedan participar en el control y la vigilancia de los recursos naturales o la salud ambiental de la zona donde viven. Generamos vías de contacto, tenemos página web, número de celular para mensajes, teléfono de contacto. Allí recibimos las denuncias e inmediatamente nuestro equipo de vigilancia ambiental con los guardaparques responden y cuando se detectan las irregularidades se actúa. De allí surgen las sanciones que acaba de votar la Junta”, explicó.
Herou dijo que para empezar a aplicar sanciones definieron reglas de juego claras, planes de control y sanciones. Eso fue lo que pasó en el caso del productor Castilla.
“Hicimos un proceso previo de discusión con los actores locales antes de llegar al proceso de perímetro rural con asentamiento humano, después una vez que se terminó este proceso, se aprobó la norma. Cuando se detectó al productor fumigando con la norma aprobada se lo notificó de que estaba prohibido y después vinieron una sumatoria de hechos, donde a pesar de que estaba informado de que la actividad no se podía realizar siguió fumigando reiteradamente. Esto llevó a que se pusieran multas por el hecho, otras por reiteración, porque no se estaba reconociendo ni respetando una normativa departamental”, explicó.
La intendencia también denunció penalmente a este propietario porque no cumplió con la prohibición de fumigar en ese perímetro, a menos de 300 metros de los hogares en Paso Picón.
“Lo que estamos hablando es que determinadas actividades, en determinadas zonas, generan determinados impactos que nosotros definimos que no se pueden realizar. Estuvimos atentos para escuchar e incorporar las preocupaciones de todo el mundo con un objetivo: proteger la salud y el ambiente. En este caso hay fumigación con mosquito, que es un gran tractor que genera un impacto en donde está fumigando y en el entorno. Si hay algo de viento lo que se conoce como deriva termina afectando a los vecinos que viven cerca, entonces, así como está regulado que no se puede fumigar cerca de una escuela o centros poblados, también incorporamos que no se puede fumigar en perímetros rurales con asentamiento humanos”, sostuvo.
En la denuncia judicial se anexó un informe del MSP, donde se señala que la conducta de Castilla afectó la salud de los vecinos, tal como fue informado por el semanario Brecha.
La multa que debió ser votada por la Junta es inédita por su valor.
“Tenía que ser una sanción que rompiera con algo que en este país se dijo durante mucho tiempo, que hay gente que hace lo que quiere y cuando le aplicás una multa la paga y siegue haciendo lo que quiere, porque la incorpora en los costos. Yo creo que este no es el caso, fuimos varias veces a la Junta a informar sobre eso, los ediles dieron su discusión, no nos interesa multar, pero nos parece buena cosa que haya habido una discusión importante, democrática y profunda, y que una mayoría de ediles decidió acompañar la sanción”, expresó.
