“Entré siendo muy niña a trabajar en Cruz Roja, en el área de la juventud como voluntaria y desde ahí ya empezamos a ver irregularidades. Consultamos con delegados de la Federación y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que son quienes están más en contacto con nosotros, y nos decían que para todo necesitábamos pruebas, que no había otra manera de denunciar todo eso”, dijo en No toquen nada Ximena Pardo, que ingresó a Cruz Roja Uruguay en 1997.
Pardo es instructora de primeros auxilios y dio cursos voluntarios hasta 2005, y en 2015 fue coordinadora nacional del área de Gestión de Riesgo y Desastres de Cruz Roja Uruguaya. Contó que luego de acumular otras experiencias que le generaron sospechas, el punto de quiebre se dio cuando fue al exterior a realizar su entrenamiento.
Allí vio cómo otras sedes de Cruz Roja “tienen otros niveles de intervención que no abarcan solo recolectar ropa y alimentos no perecederos”, tienen respuesta inmediata a situaciones de desastres naturales, para los que se armaban planes de acción nacional y se desplegaba un equipo de trabajo.
Dijo que luego de eso empezaron a exigirles más a las autoridades locales, y más aún cuando junto a Álvaro Gramajo y otro trabajador fueron retirados de su equipo “arbitrariamente y sin procedimiento alguno por estatutos por parte de las autoridades que están en la actualidad”.
Irregularidades en la estructura
Gramajo, voluntario en Cruz Roja desde 2012, donde fue nombrado coordinador de Gestión de Riesgo en 2013, dijo en No toquen nada que en ese mismo año se dio que la presidenta de Cruz Roja Uruguay asumió todas las direcciones de la organización, limitando el poder de expresión del resto de los compañeros.
“Se nos ponía a hacer determinado tipo de trabajo, que obviamente hacíamos con muchas ganas porque nos habían formado para eso, pero nunca se lograba tener una continuidad”, comentó Gramajo.
Al no poder trabajar en el área de Desastres Naturales, para lo que se formaron, decidieron buscar “cambiar la pisada” a través de la vía electoral, tras asesorarse con autoridades internacionales de Cruz Roja.
La elección
Pardo contó que formaron una lista junto a siete de los diez presidentes de los comités activos del interior del país, además de personal de la sede central y varios voluntarios.
“Esa lista fue totalmente desechada por el comité electoral porque parte de quienes lo formaban, hoy son las autoridades”, explicó la voluntaria, que definió al comité como “totalmente fraudulento” y “fuera de estatutos”.
Luego de ello, buscaron ayuda en varios organismos públicos. La Corte Electoral les dijo que no tenían incidencia allí, desde el MEC indicaron que sin pruebas no podían actuar y la Federación Internacional les dijo que no tenían jurisdicción para hacer nada.
Por lo tanto, el grupo contrató a un escribano público para que certifique la asamblea, ya que las autoridades tampoco les permitían acceder a las actas de asambleas que, según dijo Pardo, los estatutos establecen que deben ser públicas.
La elección se dio el 18 de noviembre de 2015. En primer lugar, el grupo solicitó los balances y actas anteriores a las autoridades vigentes y la presidenta dijo que no los tenía y que luego los buscaría, de acuerdo a Pardo. Además, contó que “la secretaria Saravia empujaba a la gente para que fuera a votar, los agarraba de los brazos, hay fotos de ella cinchando a la gente para sacarla para que fueran a votar”.
De los 80 u 90 presentes, solo 20 querían ejercer el voto y el resto pedía anular la elección, dijo Pardo, argumentando que su propósito no era que las autoridades no se postularan sino “que se hiciera de la forma correcta, que pudieran aprobarse ambas listas”.
Con todo el material reunido gracias a la contratación de la escribana, lograron presentar la denuncia en el MEC el pasado diciembre. Aunque en la Asesoría Letrada del ministerio les dijeron que “son rencillas internas” y que no tenían injerencia para actuar, llevaron el material ante la Fiscalía, donde dijeron que “había irregularidades de todos los colores”, según contó Pardo.
Fiscalía dictaminó que “subsiste la duda razonable acerca de la probidad de la gestión y la legitimidad estatutaria, sin contar en autos con una prueba fehaciente que constante la regularidad de la institución”, por lo que solicitó la intervención de la organización por parte del Poder Ejecutivo.
