Las solicitudes de licencias por enfermedad se elevaron de 62.675 en 2005 a más de 137.000 en 2010 y superaron las 270.000 en 2015.
Ante este panorama, la Presidencia difundió un informe realizado por la CEPAL donde se afirma que no se detectó abuso de las certificaciones por enfermedad por parte de los cotizantes uruguayos. “Sin dudas hay situaciones puntuales de abuso, pero eso es imposible de evitar en cualquier escenario de la vida y para cualquier prestación hay situaciones de abuso, pero no podemos pensar y no tenemos el convencimiento de que estamos frente a un asunto de abuso generalizado que amerite un rediseño del sistema”, dijo la directora del Banco de Previsión Social, Rosario Oiz.
Sin embargo, en el trabajo se explica que es necesario aclarar que “no puede extraerse de estos resultados la conclusión de que hubo un aumento en el comportamiento oportunista de los trabajadores o del abuso del subsidio por enfermedad” y enseguida se agrega que “la metodología utilizada no permite saber si el uso que los trabajadores estaban haciendo de la licencia por enfermedad era el adecuado, si era inferior o superior”.
La ambigüedad se da porque, según el informe, los resultados encontrados son compatibles con la “posibilidad de que la mayor facilidad del trámite de solicitud haya implicado que los trabajadores utilicen el subsidio en mayor medida, no estando realmente enfermos”, pero también, al mismo tiempo, los datos “son compatibles con la posibilidad de que los trabajadores hubiesen hecho con anterioridad a julio de 2010 un uso inferior al adecuado, yendo a trabajar aun sintiéndose enfermos debido a las dificultades burocráticas en la solicitud del subsidio, o debido a la pérdida de ingresos asociada, ya que el momento coincide con el cambio en los topes”. “También es posible que se hayan dado los dos procesos al mismo tiempo, afectando de manera distinta a cada trabajador”, agrega.
Los cambios que podrían haber favorecido al crecimiento del uso de este beneficio para los trabajadores son que a partir de 2010 se unificó la forma de certificación para el subsidio por enfermedad en todo el país, que pasó a ser realizada directamente por los prestadores de salud integrantes del Sistema Nacional de Salud (esto solo en Montevideo) y son estos los responsables de remitir al BPS la información necesaria. Por otro lado, el tope máximo del subsidio por enfermedad fue modificado de manera casi simultánea: se incrementó de tres a cuatro Bases de prestaciones Contributivas (BPC) a partir de enero de 2011 y en 2015 alcanzó un máximo de ocho BPC (28.800 pesos).
“Resulta, por lo tanto, complejo dilucidar si el aumento en las solicitudes y erogaciones obedece a un uso abusivo del subsidio, a la efectivización de un derecho que antes no se estaba cumpliendo por los altos costos de transacción, a un efecto del ciclo económico, o a una mezcla de estos diversos factores”, se expresa.
