Además, se prohíbe la creación de nuevos establecimientos de este tipo y se plantea que la nueva atención deberá ser en un ámbito comunitario, que no podrá reproducir las prácticas y métodos cuyo único objetivo sea el control y encierro.
El diputado del Frente Amplio, Luis Gallo, dijo que se hará un cronograma de cierre que constará en un nuevo plan de salud mental.
“Hoy se deroga al psicópata dando lugar al proceso de la tan reclamada desmanicomización. Se le pone fecha final, hoy se orden su cierre y adecuación. Se manda a acatar la ley, a dignificar la atención de la salud mental, transformar sus vínculos, volver a ganar su espacio”, dijo Gallo.
El proyecto de ley define a la salud mental como un estado de bienestar en el cual la persona es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad.
También se define al trastorno mental como la existencia de un conjunto de síntomas y conductas clínicamente reconocibles, asociado en la mayoría de los casos con el malestar y con la interferencia con el funcionamiento personal.
Para determinar que una persona sufre un trastorno mental el diagnóstico debe ser profesional y aceptado por la comunidad científica.
La hospitalización será un recurso terapéutico restringido y lo más breve posible.
“Se adopta una visión de hospitalización como un recurso de carácter restringido y voluntario, con especial énfasis en eliminar terminantemente de su articulado la posibilidad de la internación compulsiva garantizando ante todo la autodeterminación, el respeto y la dignidad de las personas”, explicó Gallo.
La Asamblea Instituyente por la Salud Mental, previo a la votación, realizó cuestionamientos a la nueva ley. Este grupo integra la Comisión Nacional por una ley de salud mental, un espacio político no partidario conformado por diversas y heterogéneas organizaciones, según su propia definición.
Entre las críticas están que todavía se mantenga el uso del término "trastorno mental", porque se contrapone a la concepción social de la discapacidad. También sostienen que no hay un órgano de contralor que sea independiente y autónomo, y que no hay garantías en las internaciones voluntarias e involuntarias.
El diputado de Unidad Popular, Carlos Pérez, fue el único que no voto el proyecto porque no se contempló a las organizaciones sociales.
“Hoy le preguntaba a dos militantes de las organizaciones cómo definían ellas ese proceso de participación y la palabra que utilizaron fue ‘simulacro’. Y nosotros no queremos con nuestro voto avalar este tipo de proceso”, dijo.
