Álvarez Petraglia, en un escrito al que accedió No Toquen Nada, sostiene que “no es difícil inferir a partir de los extremos denunciados, que hay varios indicios que parecieran indicar a la organización desarticulada en la “Operación Campanita” como articuladora de una maniobra dirigida a destruir a una persona, que confió su vida y la de su familia a un conjunto de funcionarios públicos”.
El ex secretario general de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, Ricardo Gil, coincide. Él fue uno de los impulsores de la ley 18.494, “Control y prevención de lavados de activos y del financiamiento del terrorismo”.
“Lo que preveíamos era que cuando empezáramos a trabajar con esto iba a haber resistencias”, afirmó Gil. “Si vos agarrás a un narcotraficante internacional, a un colombiano por ejemplo, todo el mundo te aplaude. Pero el día que te empezaste a meter con los cuellos blancos de la Ciudad Vieja, con los estudios, ese día se complicó. ¿Por qué? Porque hay gente muy poderosa a la que durante muchos años nadie le hizo nada. Te entraste a meter con gente que tenía una sensación de impunidad bastante fuerte. Lo lógico es que reaccionen”.
Álvarez Petraglia y Gil se refieren a que la colaboradora del caso “Campanita no fue protegida por la Justicia de Maldonado. Además, el juez denunció que los datos se filtraron, que se violó el presumario y que una serie de notas de prensa dieron detalles de esta persona, que no está protegida debidamente en la cárcel de Maldonado.
Ricardo Gil se refirió al caso “Campanita” como “seguramente el más grande y más complejo, donde se utilizaron las herramientas más sofisticadas contra el lavado”. “Sigue abierto, esperemos que se empiece a cerrar”, comentó en entrevista con No Toquen Nada.
La "Operación Campanita" fue un operativo desarrollado por la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas en setiembre de 2006 que permitió la incautación de 350 kilos de cocaína, con un valor estimado en 10 millones de dólares, además de desarticular dos laboratorios para la elaboración de la droga y la incautación de armas y vehículos. También se probaron vinculaciones con estudios de profesionales de Ciudad Vieja.
La ley prevé algunas formas de protección tanto a los testigos como a los colaboradores. Gil reconoció que “va a haber que revisarlas”. “En este proceso se está atacando a una persona para defender a los acusados, pero también se está atacando a la herramienta. Esperemos que no prospere este intento de defender gente cuestionando herramientas que fueron aprobadas por el Parlamento. Una cosa es defenderse y otra es presionar, como se está haciendo en ese caso”.
“En los artículos del diario El País, desde noviembre hasta ahora, sobre este tema se dieron todos los detalles acerca de la colaboradora y se tergiversó el carácter, 'testigo protegido', decía por ahí”, puntualizó Gil. “Eso es una diferencia fundamental: un testigo es una persona que declara algo y cuya solidez moral debe ser previamente garantizada, mientras que un colaborador -de por sí- es un delincuente”.
En esas notas periodísticas, sostuvo Gil, se manejaron detalles del expediente en Maldonado que estaban en etapa de presumario, por lo tanto, eran reservados. “Yo no sé de dónde surge la información ni se me ocurre atribuírsela a nadie, pero es claro que se filtró y que estuvo al servicio de una campaña para desacreditar a la colaboradora y a la herramienta prevista en la ley”.
“Acá el fin no justifica los medios, tenemos que respetar las garantías del proceso”, afirmó. “Se está respetando, pero hay gente que no le gusta esto: se ponen nerviosos cuando sienten que la Justicia les anda cerca. Bueno, yo me alegro que se pongan nerviosos”.
