Por Tito Drago
Ordenanzas dictadas en Cunit, con votos del Partido Socialista de Cataluña y del Partido Popular (PP), y en otros municipios de Cataluña, como Barcelona, Lleida, L'Hospital de Llobregat y El Vendrell, establecen que
no pueden usarse en recintos públicos la burka, la túnica que cubre por completo a la mujer con una rejilla para permitir la visión, y el niqab, que sólo deja los ojos al descubierto.
Entre los argumentos esgrimidos en esos casos figuran la necesidad de velar por la igualdad y dignidad de las mujeres y la identificación de las personas que acceden a estos espacios.
Aunque fracasó una iniciativa similar impulsada por el PP en el parlamento de la Comunidad Autónoma de Cataluña, el Senado español aprobó el 23 de junio una moción presentada por la misma agrupación centroderechista de oposición que insta al gobierno a prohibir ambos atuendos en los espacios públicos que no tengan una finalidad religiosa.
Para hacerse efectiva, la moción debe ser aprobada por el Congreso de los Diputados y por el Poder Ejecutivo, algo que difícilmente se concretará puesto que el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) no la apoya, al igual que los parlamentarios de izquierda y nacionalistas.
Si bien el PSOE está a favor de erradicar estas prendas de la vida pública y privada, considera que la prohibición expresa no es el camino correcto sino que aboga por un trabajo de educación y sensibilización de la comunidad musulmana.
La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, calificó la burka como "una cárcel de tela para las mujeres" y propuso que se aplique el Código Penal o la ley contra la violencia de género para perseguirla en
vez de vedarla explícitamente.
La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la Unión Europea (UE), rechazó el 29 de junio presentar un proyecto para legislar en el bloque la prohibición del uso de la burka en instalaciones públicas, pese a las
iniciativas surgidas en España, Bélgica y Francia. "Estamos ante una discusión artificial motivada por las próximas elecciones locales (municipales y provinciales)", dijo a IPS Esteban Ibarra, presidente del no gubernamental Movimiento contra la Intolerancia.
Para el activista, "uno de los más serios problemas es la intolerancia religiosa", puesto que "las religiones no se pueden prohibir, porque las personas las llevan dentro del alma". En España no es solamente la religión musulmana la que utiliza atuendos específicos. Los hombres judíos usan trenzas y la quipá (sombrero), mientras las mujeres casadas el cabello muy corto cubierto con pañuelos o pelucas.
Los símbolos de la religión católica también están siendo debatidos a propósito del proyecto de reforma a la ley de Libertad Religiosa de 1980, que el gobierno enviaría al parlamento después del verano boreal, por la
presencia de crucifijos en todos los organismos públicos.
Un tema que acapara la discusión es si se debe mantener el crucifijo y la Biblia en el salón donde prestan juramento los presidentes del gobierno al ser investidos como tales. La Constitución española garantiza la libertad religiosa y la cooperación "con la Iglesia Católica y demás religiones".
El ministro de Justicia, Francisco Camaño, afirmó que la burka y atuendos similares son "incompatibles con la dignidad humana" y adelantó que la ley de Libertad Religiosa abordará con "carácter general" la utilización de
las prendas que externalizan el sentimiento religioso.
Desde el mundo musulmán también hay sectores que se pronuncian contra la burka, por ejemplo Kamal Rahmouni, presidente de la Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes en España, quien afirmó que son pocas las mujeres que usan ese atuendo entre el millón de musulmanes que habitan este país.
Según Rahmouni, la burka es una prenda lejana y rara, "que viene de Afganistán y es más cultural que religiosa".
¿Qué hacer con quienes utilizan la religión para impulsar actos terroristas? "Todo terrorismo debe ser combatido, lo haga quien lo haga. Pero no culpemos de ello a una religión, ya que en todas las religiones
hay gente a favor y gente en contra de la violencia", respondió a IPS el inmigrante tunecino Ibrahim Nash.
Contra la prohibición de la burka aprobada en municipios españoles de la costa norte del mar Mediterráneo, ya se inició en Lleida un movimiento de recolección de firmas.
