La Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC) encargó el estudio de viabilidad a la consultora Deloitte. El resultado final, que dejó las tres opciones, será estudiado por la DNIC y se pondrá a consideración del Poder Ejecutivo.
Los proyectos tienen costos diferentes. Por un lado se propone un documento construido con el material actual, pero con la incorporación de un código de barras. Por otro lado, una tarjeta de policarbonato con un chip de memoria y, por último, una tarjeta de policarbonato con un SmartCard (que es un chip que permite interactividad).
El apoyo financiero será de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información (Agesic), que tiene como objetivo para el quinquenio lograr que los principales trámites con el Estado puedan hacerse a través de internet. “Se busca que los ciudadanos tengan un relacionamiento mejor con el gobierno, que sea más fácil y a menor costo, que no necesite trasladarse de su casa a las oficinas para hacer un trámite. A través de la DNI digital, podremos asegurarnos de que la persona que realiza un trámite es ella”, explicó la directora de la oficina de proyectos de la Agesic, Cristina Zubillaga.
Por su parte, el director nacional de Identificación Civil, Rubén Amato, sostuvo que siendo la DNIC el órgano rector de la identificación de las personas, también debe serlo en el ciber espacio. “El documento actual es seguro y tiene buenos estándares de calidad, pero es muy limitado en lo que se puede llegar a hacer. Con un documento con chip electrónico, huella y firma, en alguna negociación a través del ciber espacio se podrá decirle a la persona que va a recibir la firma y el documento firmado, que quien está realizando el trámite es el firmante. Ese es un avance para la sociedad”, explicó.
Amato dijo que la ventaja de este documento de identidad digital es que la autenticación no depende de otra persona, sino de la computadora, que lo corrobora a través de información biométrica guardada en la tarjeta.
Ese tipo de información podría ser la huella digital, el iris del ojo, o el ADN. Amato dijo que el nuevo documento tendrá la misma información que el actual. “Consideramos esencial que el documento no contenga datos que atenten contra la intimidad de la persona. Va a cumplir con la ley de protección de datos y no tendrá ningún otro elemento que no esté incorporado a la cédula de identidad actual: huella digital, foto, firma y los datos vinculados a esa firma”, dijo.
De los tres tipos de documentos presentados, Amato elegiría la SmartCard porque permite firmar documentos a través de internet. “Si el Estado uruguayo toma una decisión de hacer este salto cualitativo y trascendente, tiene que optar por el chip que interactúa y no solamente por el que almacena información. Que sirva para que lo lean las computadoras, es una necesidad electrónica que se viene”, señaló.
Número presentados por Deloitte están sujetos a modificaciones en base a la evaluación que realice el gobierno y, además, dependen de los precios que se logren en la licitación. La SmartCard y el chip tendrían una inversión inicial de 953.000 dólares y un mantenimiento anual de 238.500 dólares. La diferencia estaría en el coste de cada tarjeta, la SmartCard valdría 9 dólares, mientras que la tarjeta con chip costaría 5 dólares. Por otra parte, la cédula con Código de Barras sería más barata. La inversión inicial sería de 28.000 dólares, el costo para la persona sería de 1,5 dólares y el mantenimiento anual de 7.000 dólares.
Informe del periodista Gabriel Farías, No toquen nada (Océano fm)
