Este martes, Diego Sempol del Colectivo Ovejas Negras denunció en diálogo con 180 que la comisión creada por la ley 17.817 no se había conformado durante el gobierno de José Mujica.
Javier Miranda, director nacional de Derechos Humanos, respondió que la Comisión contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación sí está en funcionamiento. Quienes la integran deben rotar cada dos años y eso fue lo que no se hizo en el último período. Entonces, la composición es la misma que en la última administración.
De todos modos, Miranda reconoció que es cierto que “hay debilidades políticas”.
La ley prevé que los tres representantes de la sociedad civil deben ser elegidos por el presidente de la República. Para Miranda, ahí radica uno de los problemas principales. “Si se selecciona a un representante de un grupo, va a haber otros en representación de la misma causa que van a reivindicar su legitimidad”, explicó. “Si tomamos una decisión autoritativa y seleccionamos a los que nos parece, se va a cuestionar por qué no elegimos a los otros”, agregó. La otra opción sería que la sociedad civil los propusiera, afirmó, pero el problema es que no están organizados.
Aunque no está de acuerdo con la postura de Sempol, destacó que es bueno que “se ponga el tema arriba de la mesa”. Estas leyes “fueron conquistas de la sociedad civil, pero quedaron en eso”.
También aclaró que en la comisión sí se están recibiendo las denuncias por discriminación y que se tratan en las reuniones que se hacen cada 15 días. En estas reuniones participan los actuales miembros de la comisión, entre los que están incluidos los representantes del Ministerio de Educación y Cultura y del Interior.
Además, aclaró que esta comisión no es el único lugar del Estado para presentar denuncias por casos de discriminación. El órgano competente es el Poder Judicial. “La Comisión contra la Discriminación es un mecanismo de articulación entre el Estado y la Sociedad Civil, no tiene el poder de resolver cuestiones de discriminación. Eso solo lo puede hacer el Poder Judicial”, afirmó.
Desde su punto de vista, el gran ámbito para tratar estos temas debe ser la Institución Nacional de Derechos Humanos, que ya está votada por ley y será independiente del gobierno y de cualquier otra autoridad. Esa institución funcionará en la órbita del Poder Legislativo. Sin embargo, “la sociedad civil no se apoderó de ese instrumento”, opinó.
La ley 18.446, que crea esa institución, sí prevé los mecanismos para determinar la legitimidad de las representaciones. Aún el Parlamento no la ha instalado, mientars debate algunos aspectos presupuestales de su funcionamiento. Sin embargo, dijo Miranda, ya se tendría que estar designando a los cinco miembros de su consejo directivo.
