La periodista de Ips, Helda Martínez, consultó al legislador Guillermo Rivera del Partido Liberal colombiano sobre la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. La ley ya fue promulgada por el presidente Juan Manuel Santos el pasado viernes.
Luego de cuatro años, la norma fue aprobada para brindar atención a cinco millones de personas que viven en la ignominia, afirmó Rivera que junto a otro senador fueron los responsables de la primera versión de la ley en 2007.
La ley tiene un enfoque diferencial que prioriza la reparación a mujeres, niños y homosexuales. Según el diario colombiano El Tiempo, se le restituirán las tierras a los despojados comenzando por este grupo, que según la historia de violencia en ese país, es de los más vulnerables.
Dentro de la ley, también está previsto la exoneración del servicio militar y la gratuidad de la libreta militar, así como la exoneración de las cuotas moderadoras para el acceso a la salud.
Los parlamentarios destacaron que además de lo material, es importante el mensaje que trasmite el gobierno con eso.
“Las leyes tienen eficacia material y simbólica. En este caso, la eficacia material se dará cuando se restituya la tierra, se indemnice a las víctimas y las familias puedan hacer uso de las garantías judiciales que contiene la norma. En tanto que el mensaje simbólico es de reconciliación. Que la sociedad colombiana preste por fin atención a cinco millones de personas que viven en la ignominia”, dijo Rivera.
Ante la pregunta de si será efectivo poner en marcha este proyecto mientras continua la violencia, Rivera dijo que es un enfrentamiento de más de 50 años que necesita la intervención del estado ya.
La ley define a las víctimas como a las personas que padecieron el efecto del conflicto armado interno desde 1985. En 180 años como máximo, la norma establece que el estado restituirá los derechos de estas personas y devolverá casi siete millones de hectáreas de tierras despojadas o abandonadas. El costo total para el gobierno suma 40 millones de dólares.
Serán indemnizadas las parejas heterosexuales y a las de igual sexo que fueron afectados como consecuencia del conflicto armado por homicidio o secuestro o cualquier tipo de violencia hacia sus derechos. También se suprime la obligación de hacer el servicio militar a los jóvenes víctimas del conflicto. Ahora con esta normativa vigente, los investigadores que trabajan en estos temas, estarán amparados jurídicamente para evitar amenazas y denuncias penales tal como venía ocurriendo. Según El Tiempo, la ley da inmunidad a los resultados de sus investigaciones y no podrán ser demandados.
Por otro lado, las organizaciones de derechos humanos y campesinos estarán atentos a controlar el cumplimiento de la ley.
