“Los derechos humanos no están a disponibilidad de las mayorías. Son derechos de las minorías y deben ser protegidos aún contra la opinión de las mayorías”, dijo el presidente de la Suprema Corte de Justicia.
Van Romapaey fue el único ministro de la Corte que consideró que las desapariciones debían ser juzgadas como delitos de lesa humanidad y no como homicidios simples cuando la corporación fue consultada por la fiscal Mirtha Guianze tras los procesamientos de José Gavazzo y Ricardo Arab.
El ministro dijo que aún no han analizado la eventual inconstitucionalidad de la ley aprobada este jueves por el Parlamento que evitó la prescripción de los delitos de la dictadura. Se estudiará “en el caso de que se plantee el tema”, dijo. Adelantó además que no tiene posición formada en el asunto.
Los periodistas también lo consultaron respecto a qué incidencia tienen las dos consultas populares que ratificaron la vigencia de la Ley de Caducidad. "Se le debe dar la importancia que tienen en una institucionalidad democrática". Fue allí que consideró que “los derechos humanos no están a disponibilidad de las mayorías”.
Michelini y Errandonea
"Los familiares de las víctimas tienen una especie de ley subsididiaria a la cual apelar", dijo el senador Rafael Michelini tras la aprobación de la norma que impide la prescripción de los delitos de la dictadura el 1º de noviembre. Un abogado de los familiares consideró que la nueva ley no debería causar "ningun cambio inmediato".
Con esta ley "saldamos los escollos normativos, salvo que después la Suprema Corte entienda otra cosa", dijo a la AFP el senador Michelini. "Nosotros pensamos que los jueces, incluso sin esta ley, iban a juzgar. Pero si en algún caso algún juez entendía que (el delito) prescribía, los familiares de las víctimas tienen una especie de ley subsididiaria a la cual apelar", explicó.
Para Juan Errandonea, abogado promotor de varias causas de derechos humanos, dijo que con la nueva ley "en principio no tendría que haber ningún cambio inmediato, las causas seguirían su trámite normal".
El abogado explicó que aunque militares retirados han indicado que apelarán a la Suprema Corte de Justicia para que se pronuncie sobre la constitucionalidad de la nueva norma, tendrán que esperar a estar procesados para poder presentar ese recurso.
"Pueden aumentar las denuncias por un tema psicológico, que la gente entienda que al no prescribir los delitos puede promover otras denuncias. Pero estrictamente las podría haber presentado aunque no hubiera sido sancionada la ley", indicó, estimando que la nueva ley "va a ser un elemento más, está todo para dilucidarse en el futuro", según lo que falle la Suprema Corte de Justicia cuando sea consultada.
