La fundación Justicia y Derecho y Serpaj realizaron un trabajo que se llama "La privación de libertad de adolescentes en Uruguay" donde se encuesta 327 adolescentes, el 80% de los que estaban con privación de libertad en el momento del estudio. Allí se buscó conocer las condiciones de privación de libertad y si se aplica el carácter socioeducativo, por ejemplo, del castigo. Una de las conclusiones del trabajo señala que los adolescentes privados de libertad tienen importantes dificultades para poder gozar de sus derechos mientras están presos, especialmente en referencia a la educación, a la formación, a la salud, incluida la salud mental y los tratamientos especiales. Según surge de los testimonios, la intervención desconoce la perspectiva integral y la sanción termina transformándose en contención y encierro.
Entrevista de Joel Rosenberg con el abogado Javier Palummo, en el programa No toquen nada, de Océano FM.
Joel Rosenberg: Javier, en 2007 hubo un informe similar.
Javier Palummo: Es cierto. Para nosotros, para la fundación Justicia y Derecho, esta investigación tiene como antecedente esa que realizamos en 2007. Entrevistamos a un porcentaje similar del total de adolescentes privados de libertad pero eran mucho menos.
¿Te acordás más o menos? Ahora había 400 adolescentes privados de libertad.
En aquel momento apenas superaba los 200, 250.
Ahí hay un cambio entonces: es el doble de adolescentes privados de libertad. ¿Qué dice el Código de la Niñez y la Adolescencia a propósito de la privación de libertad? ¿Cuándo, cómo, a quiénes se puede privar de libertad?
El Código de la Niñez y la Adolescencia es un código que prevé dos funciones en las medidas socioeducativas. Primero, el propio lo nombre lo dice, tiene que tener un contenido socioeducativo. Entonces por un lado está el castigo, un castigo que se puede extender hasta cinco años, pero paralelamente, cinco años cuando hablamos de privación de libertad, pero paralelamente ese castigo tiene que desarrollarse a través de un dispositivo que tenga un contenido socioeducativo. Creo que es esencial a la hora de pensar en la reinserción de la persona que pasa por el sistema y que sufra el deterioro del sistema. De otra manera sería castigo puro, y castigo puro en términos de reducir la sensación de inseguridad, la inseguridad, la convicción futura de un delito, la reincidencia, evidentemente es prueba suficiente de que tiene buenos resultados para hacer todo lo contrario.
Hay una idea, sobre todo a propósito de la baja de la edad de imputabilidad, de que los adolescentes son inimputables. Por lo que vos decís, y por lo que dice el Código de la Niñez y la Adolescencia, no es que sean inimputables, son imputados a través de un código diferente.
Exactamente. Hay un Código de la Niñez y la Adolescencia que prevé la responsabilidad de los adolescentes en donde está prevista la privación de libertad a partir de los 13 años en este país. La confusión radica básicamente en quienes sostienen que la imputabilidad, o sea, la responsabilización de una persona ocurra recién a los 18 años de edad, cosa que es falsa porque existe un sistema específico de responsabilidad y de hecho tenemos cárceles de adolescentes llenas. O sea, están llenas de gente que fue declarada responsable de haber cometido un delito. Si fueran inimputables no estarían allí.
Hay un dato muy importante para pensar este argumento, que es las modificaciones que han ocurrido en la gestión del sistema en relación a evitar las fugas. También el sistema antes se mantenía con números bastante bajos por la existencia de fugas periódicas que han sido reconocidas por las autoridades. Esto es muy crítico porque sin duda alienta la impunidad, que una persona menor de 18 años de edad cometa un delito y que no sea responsabilizado es grave, y que sea responsabilizado y que se fugue, es aún más grave. El adolescente que comete una conducta infraccional tiene que ser castigado en manera justa y con respeto de los derechos humanos, pero acá no se trata de ninguna manera de argumentar a favor de ningún tipo de impunidad. Yo siempre digo que la impunidad es el discurso más contrario y reacio a la lógica de los derechos humanos.
El estudio revela que un 63,5% de los adolescentes dijo que está allí por rapiña, y un porcentaje de homicidio, o delitos más graves que la rapiña, de 23,4%. ¿Sorprendió este porcentaje alto de adolescentes privados de libertad por homicidio?
No, no sorprende porque dentro de la lógica del sistema se supone que los adolescentes que cometen homicidio tienen que permanecer más tiempo privados de libertad, y como tienen que permanecer más tiempo porque reciben condenas más fuertes -hasta cinco años- tienen mayor permanencia en la privación de libertad por lo tanto quedan sobrerrepresentados en lo que es la cantidad de adolescentes que están privados de libertad. Pero si uno analiza información secundaria oficial, no voy a usar la información de nuestro observatorio, el observatorio del sistema judicial de la fundación Justicia y Derecho, sino la propia información del Poder Judicial, tenemos que los homicidios en el 2008 representaban un 3,9% del total, en el 2009 un 4,2%, en el 2010 un 4,4%, y en el último informe publicado hace unos días un 4,6%. O sea que es claro que existe una tendencia al aumento en la cantidad de homicidios, eso no lo vamos a negar, están los datos oficiales que lo corroboran, y son datos del Poder Judicial que desde nuestro punto de vista son muy fiables a la hora de argumentar.
Esa “sobrerrepresentación” que decías también se da en la cobertura de los medios. Por ejemplo un caso como el de La Pasiva, o un local de Abitab, cuando hay un homicidio, llegan mucho más e impactan y permanecen en la opinión pública.
Es cierto, y si bien hubo un aumento, el aumento tampoco es tan desmesurado, es de 0,2 por año, no es tan desmesurado. Yo reconozco totalmente que esto va a ser interpretado desde el punto de vista de la lógica bélica imperante, "ah, estás de un lado" o "estás del otro", pero acá estamos ante una situación bastante crítica desde el punto de vista de la racionalidad de un sistema. Estamos en un sistema que no es racional y no da respuestas racionales, entonces estamos volviendo a hablar de aumento de penas cuando la historia de nuestro país ha demostrado que el aumento de penas no ha traído ninguna seguridad a la población.
Para poner el ejemplo del sistema de adultos, esto ya pasó en adultos, a mediados de la década del 90, se aprobaron leyes de seguridad ciudadana, se triplicaron la cantidad de personas privadas de libertad y seguimos hablando de lo mismo, seguimos hablando de la falta de seguridad. Se estableció que la pena de rapiña con agravante es cinco años y cuatro meses. Tenemos la cárcel llena de jóvenes menores de 29 años y la sensación de inseguridad no ha cambiado, el reclamo de seguridad no ha cambiado. Este tipo de políticas obviamente que no son efectivas. Y hay otras políticas que son muy efectivas que no han sido implementadas, porque este aumento de los homicidios tiene que ver en muchos casos con la presencia de armas de fuego. ¿Y qué políticas tenemos de control de armas de fuego en nuestro país? ¿Cómo hace un menor de 18 años de edad para acceder a armas de fuego? ¿Cómo focalizamos nuestras políticas de prevención del delito para que eso no ocurra? ¿Por qué privamos de libertad al autor de un hurto -que es una apoderación de cosa mueble sin violencia- en el mismo lugar que una persona que cometió una rapiña, en donde el autor del hurto va a aprender rápidamente dónde se consigue un arma? ¿Y cómo operamos frente a algo, que es que algo que dicen las autoridades que es algo muy cierto, que es un cambio en las modalidades delictivas?
Yo siempre digo: el punguista está desapareciendo, el punguista adolescente prácticamente no existe, porque el punguista es una persona que tiene destreza, que tiene paciencia. Ya no, ya todo es impulso, y explicar todo este fenómeno únicamente en la presencia de una sustancia como es la pasta base me parece una lógica reduccionista un poco demasiado inocente. Y a mí me parece que sería mucho mejor ver cómo focalizar territorialmente determinadas intervenciones y abordar el tema de control de armas, porque hay una situación muy complicada en nuestro país, que no solo se da en los casos de homicidios cometidos por adolescentes sino también en los homicidios cometidos por adultos: dos feriantes que se pelean y terminan a los tiros, una vecina que termina matando al otro vecino, son todas noticias de estos últimos meses y el común denominador es que hay armas, hay muchas armas en poder de civiles, hay muchas personas que pierden el control y si tienen un arma a la mano cometen un homicidio o lesiones graves, y esa es una situación que tiene que ser abordada desde el punto de vista de las políticas públicas.
¿Cuál es el objetivo cuando se decide hacer un trabajo de estos?
El principal objetivo desde el punto de vista nuestro, que tenemos un marco teórico de derechos humanos, es básicamente corroborar que con la voz de los adolescentes el cumplimiento está en determinados estándares normativos que deberían ser respetados en el marco de la ejecución de las medidas privativas de libertad. Ese es el objetivo principal. Pueden existir muchos mecanismos para abordar el fenómeno: uno puede llegar a ser el mecanismo de los informes de expertos, otro el de la información oficial. En el caso nuestro es la producción de información a través de la realización de entrevistas a un grupo representativo del total de adolescentes privados de libertad. Este trabajo también se hizo en adultos. El informe de adultos probablemente se va a hacer público más adelante, y contó con el apoyo de la Unión Europea.
El trabajo básicamente implica abordar el fenómeno de la privación de libertad desde la lógica del cumplimiento de la normal. Básicamente ya adelanté que el cumplimiento de la norma tiene que ver con el contenido socioeducativo que deben tener estas medidas, puesto que de otra manera quedarían en retribución pura, en encierro puro.
¿Cómo hicieron las entrevistas? ¿En qué condiciones?
Se hizo a los adolescentes que aceptaron ser entrevistados, dentro de los establecimientos de privación de libertad. Obviamente en el momento de la entrevista no había ningún funcionario presente sino que se hicieron en condiciones que aseguraron el respeto de la información que se estaba proporcionando.
¿Qué veracidad tienen sus discursos de acuerdo a la experiencia que tienen ustedes en este trabajo?
A la hora de argumentar la veracidad hay varias formas. No es la primera vez que aplicamos un formulario a adolescentes privados de libertad. Muchas de las preguntas son las mismas preguntas, por lo tanto nosotros podemos de alguna manera tener un cierto control del tipo de respuesta, cuando hay un cambio muy brusco en algún sentido. Además esa es una pregunta vinculada al método, que excede a la veracidad de las encuestas con adolescentes privados de libertad. Si podemos predicar la falsedad de esta encuesta podemos predicar la falsedad de cualquier encuesta y la verdad que sería un sinsentido. Pero nosotros, a través del apoyo de un profesional en la temática, un estadístico, entrevistamos a una muestra estadísticamente representativa del total, lo que nos permite argumentar que la opinión tiene una cierta solidez, por decirlo de alguna manera, en lo que tiene que ver con dar cuenta de lo que sucede.
Mi pregunta iba en el sentido de que algunas cosas no las quieran decir por temor, porque evidentemente pueden tener represalias. ¿Cómo se evalúa el temor que puede haber en esos ámbitos de reclusión?
Por esas razones hay preguntas que se prefiere no incluir en este tipo de formularios porque hacerlo puede generar una situación delicada para el adolescente y una responsabilidad más grande para nosotros como defensores de derechos humanos. Si yo tengo 300 personas que me dan determinada información acerca de determinada violación de derechos humanos, tengo que ser responsable de poder hacer las denuncias correspondientes con esa información y necesito verdaderamente tener recursos humanos y materiales de los cuales no disponemos las organizaciones para poder gerenciar ese nivel de respuesta. No sé cómo explicarlo pero es muy delicado.
La mayoría de los adolescentes al momento de ser privados de libertad vivían en sus hogares siendo muy poco representativos los casos en los que se encontraban en situación de calle, solo el 1%. Asimismo, el 19% de los hogares se encontraban en asentamientos irregulares y el 16% expresó tener hijos. De los datos del hogar donde vienen y las áreas, ¿qué es lo que más les llamó la atención? No son adolescentes que vienen de vivir en la calle, en general son adolescentes que vienen de un hogar, sea como sea que esté constituido.
Es cierto, eso es un hallazgo de la investigación conjuntamente con el porcentaje de adolescentes que trabajan.
Un 40% de ellos trabajaban.
Expresaron que desarrollaban algún tipo de actividad a cambio de algún tipo de remuneración como estrategia de supervivencia o de obtener de alguna manera un sustento. Eso también nos llamó mucho la atención porque nos parece que da cuenta de una imagen distinta a la que generalmente circula asociando el fenómeno de la infracción a la ausencia total de vínculo de tipo familiar o la situación de calle, etcétera, etcétera. Da cuenta en definitiva de que los adolescentes que cometen infracciones y que están dentro del sistema no son tan distintos al resto de los adolescentes.
En el informe se señala que la información recabada les ha permitido verificar la existencia de una importante distancia entre los adolescentes y los operadores del sistema de administración de justicia. ¿En qué repercute esto y cómo debería ser la situación?
Esta misma pregunta la hicimos en la investigación del 2007 y los resultados fueron muy similares. La información da cuenta claramente de que existe, de que el rito del proceso judicial no es vivido por el adolescente de una forma cabal, o sea, no logra entender exactamente qué es lo que le está pasando. En muchos casos no logra identificar en la audiencia quién es su defensor, quién es el fiscal, quién es el juez, y cuando sale la audiencia y lo entrevistamos en la privación de libertad, no sabe decir cuál es el nombre de su defensor, a veces no sabe quién es su juez, no sabe cómo -más grave- comunicarse con la persona que es su defensor. No tienen forma, no tiene un teléfono.
Más del 40% tiene este problema.
Sí. Pero eso es una constante que da cuenta de un cierto divorcio entre la realidad como la vive el adolescente y el expediente judicial, el rito judicial, lo que hacemos los adultos en definitiva. Y esto es grave por varias razones: porque nosotros estamos hablando de un proceso de responsabilización, y es muy importante que un proceso de responsabilización la persona que es responsabilizada sepa exactamente lo que está pasando y por qué le está pasando y quiénes están cumpliendo distintos roles. No es que el proceso judicial tenga una función pedagógica, algunas personas lo han dicho, pero por lo menos comprender dónde está uno inmerso tiene que ver con cierta capacidad de ser ciudadano.
También el 40% dice estar cursando estudios. Estos estudios están vinculados a las medidas socioeducativas y al Código de la Niñez y la Adolescencia. Debería asegurarse esos estudios a todos y sin embargo el 60% no los tiene.
Exactamente. Esto es algo que lamentablemente si tuviéramos desagregados por los distintos establecimientos de privación de libertad -me gusta decirles establecimientos de privación de libertad y no hogares- la cosa sería mucho más grave, porque hay hogares donde lo socioeducativo prácticamente no existen porque hay una lógica custodial muy, muy fuerte, por esta idea de que son lugares de máxima seguridad y se plantea como una especie de dicotomía entre que una cosa sea de máxima seguridad o que tenga contenido educativo. El resultado de todo esto es que hay un porcentaje -si tomamos todos los hogares en su conjunto- muy importante del 60% de los adolescentes que no recibe educación. Y eso desde nuestro punto de vista es bastante grave, sobre todo teniendo en cuenta que en muchos de estos centros hay una cantidad de horas de encierro excesivas y muy poca presencia de técnicos que desarrollen actividad socioeducativa propiamente dicha.
Máximo cinco años por la ley que tenemos.
Máximo. Los promedios de privación de libertad en nuestro país son mucho menores. Entonces verdaderamente es muy difícil pensar que con el encierro solo vamos a evitar que una persona cometa un hecho delictivo en el futuro. A mí siempre me llamó más la atención: talleres de inseminación artificial en la Colonia Berro para adolescentes que son prácticamente en su 100% urbanos. Estaría bueno medir el impacto resocializador de ese taller, a mí me encantaría, yo no estoy en contra del taller, pero a veces la propuesta socioeducativa tiene muy poco que ver con la vida de los adolescentes urbanos de nuestro país. Tambo, la actividad de tambo. Los adolescentes la aprovechan porque tienen la oportunidad en el único lugar donde eso existe, existía, espero que todavía exista, porque es bueno que no estén encerrados, que puedan salir. Hay un montón de cosas que son positivas, pero independientemente de que hay un montón de cosas que son positivas, sería bueno poder tener cierto grado de racionalidad en la política pública que permita mensurar los distintos dispositivos que existen a nivel de ejecución de las penas y poder determinar cuáles son mejores, para qué perfiles, y cuál es el objetivo final del sistema, que tiene que ser la reinserción social de acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño.
Hay un 72% que ya habían estado institucionalizados. ¿Qué quiere decir esto y por qué ustedes ven allí un punto importante como una falla del sistema?
Yo creo que hay una sola lectura, que es el fracaso del sistema: tú vas a los centros de privación de libertad y te encontrás con un porcentaje tan importantes de adolescentes que ya habían estado privados de libertad, en muchos casos por varios meses, y sin embargo volvieron a cometer una conducta infraccional.
Se puede decir del otro lado: "Son irrecuperables, no hay sistema que los pueda recuperar".
Irrecuperable es un sistema que en cuatro años cambia cuatro veces de nombre. Un sistema que se llamaba Interj, Semeji, Sirpa y en unos meses va a ser Sirpa. Vamos a echarnos un poco la culpa los adultos. ¿Qué dependencia de nuestro Estado en cuatro o cinco años cambió cuatro o cinco veces de nombre? Y ni hablemos de cuántas autoridades han pasado por allí.
No cambió mucho el sentido de lo que hacen tampoco.
Y siempre se dedican a la misma cosa: gerenciar las medidas socioeducativas de privación de libertad del sistema penal juvenil. A mí me parece que los adultos tenemos que empezar a tomar un poco de responsabilidad y dejar de responsabilizar únicamente a los adolescentes. Obviamente que si cometió un nuevo delito tiene que ser castigado de nuevo, ¿quién está discutiendo eso? Eso no tiene sentido. Lo que estamos hablando es que la respuesta sea dirigida a la reinserción, que de alguna manera tenga como resultado la no comisión de una conducta infraccional posterior. Y en un estándar de encierro compulsivo, grandes porcentajes de adolescentes que no reciben educación, muy grandes porcentajes que no reciben ningún tipo de dispositivo como talleres, etcétera, donde los talleres no son medidos en la forma que corresponde, y donde además hay un porcentaje altísimo de adolescentes que toman estupefacientes legales, toman pastillas, psicofármacos…
El 64% dice el estudio.
Exactamente. Y eso coincide exacto el porcentaje con la encuesta que hicimos en el 2007. Es una constante. Y eso porque estamos contando todos los centros en su conjunto, porque hay centros donde se supera el 80% de los adolescentes. Un adolescente que consume psicofármacos se supone que tiene una patología psiquiátrica, entonces los hogares son manicomios en realidad, porque están todos psiquiatrizados.
La efectividad del sistema tiene que medirse racionalmente en algún momento de la historia de nuestras políticas públicas. Lo que verdaderamente nosotros visualizamos es que algunas de las cuestiones críticas del sistema, pasan los años y todavía teniendo como fuente de información a estos adolescentes -tú me podrás decir: en algunas cosas pueden mentir, obviamente; quizá el porcentaje de trabajo muchos digan que trabajan porque se supone que quedan bien parados, pero verdaderamente no tienen por qué mentir en muchísimas de las otras preguntas-.
