Encabezados por Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de la pequeña localidad andaluza de Marinaleda y diputado regional del partido ecolo-comunista Izquierda Unida (IU), el grupo realizó el martes operaciones en dos supermercados de Écija y Arcos de la Frontera.
Los militantes salieron de los establecimientos empujando carros llenos con pasta, aceite, galletas y otros alimentos que aseguraron querían redistribuir en comedores populares.
El caso provocó un verdadero escándalo y a izquierda y derecha, los grandes partidos políticos denunciaron la acción.
La cadena de supermercados Mercadona, una de las dos atacadas, presentó una demanda y el ministerio del Interior lanzó el miércoles una orden de detención contra los miembros del comando.
Pero mientras tanto los activistas, muchos de los cuales son obreros agrícolas, estaban traquilamente instalados, entre mesas de picnic y carpas, en una propiedad en pleno campo andaluz, Las Turquillas, al este de Sevilla entre las localidades de Osuna y Écija.
Desde hace más de dos semanas ocupan esta finca de 1.200 hectáreas, propiedad según afirman del ministerio de Defensa, para reclamar un mejor reparto de las tierras en esta región donde se perpetúa la tradición de los grandes terratenientes heredada del latifundismo.
"Nosotros lo que hemos hecho es expropiar unos alimentos y entregárselo a unos comedores sociales", afirma José Caballero, responsable del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), que había participado en la operación de los supermercados y se encontraba en el campamento.
"Si eso es delito que nos detengan a todos sin problema, aquí estamos", agregó. "Para nosotros lo que es inhumano e ilegal es que una persona tenga que buscar en la basura para poder comer", subrayó.
La crisis que sacude a España es especialmente grave en Andalucía, donde el 33,92% de la población está desempleada.
"Ha vuelto el franquismo", lanza Sánchez Gordillo, que estableció en Marinaleda, el pueblo que gobierna desde hace más de 30 años, un sistema de democracia participativa conocido en toda España.
"¿Por qué no detienen a los banqueros que roban miles de millones?", se indigna, instalado con sus compañeros a la sombra de una cabaña hecha de bambú.
Y promete: "si nos echa la Guardia Civil volveremos".
"Ha llegado ya el momento de hacer acciones que rocen la ilegalidad, porque hay personas que lo están pasando muy mal y no podemos seguir con los brazos cruzados", agrega Caballero.
El caso de los supermercados provocó la ira del conservador Partido Popular, en el poder en Madrid.
Es "el camino de la violencia, el camino de la ilegalidad", lanza Rafael Salas, diputado del PP andaluz.
Pero para IU, que en coalición con los socialistas participa en el gobierno autónomo andaluz, el contexto de crisis puede explicar este golpe de genio de uno de sus diputados.
Pese a no aprobar cómo se hizo, Diego Valderas, miembro de IU y vicepresidente del gobierno regional, señaló que se trata de una acción "de carácter simbólico y que abre un gran debate en el conjunto de la sociedad".
En una España sumida en la crisis, el acceso a la alimentación y a la vivienda se han convertido en el combate de militantes y asociaciones.
A varios cientos de kilómetros al norte de Andalucía, en Cataluña, otro caso produjo perplejidad. El ayuntamiento de Girona anunció el martes haber instalado candados en las basuras de los supermercados para evitar que la gente rebusque allí comida.
