Casi la mitad de los siniestros ocurridos en la construcción durante 2011 estuvieron relacionados con el tránsito, ya sea de la obra como de la vía pública. 180 conversó con la protagonista de uno de esos siniestros, que denunció ausencia de medidas de seguridad en las obras y propone que haya una cárcel específica para quienes protagonizan siniestros de tránsito.
El siniestro en cuestión ocurrió el 11 de agosto de 2010 en la obra del edificio Diamantis Plaza. Allí dos obreros murieron cuando juntaban material de la calle, al ser impactados por un auto que circulaba por Rivera.
Tanto Iván Hafliger como Oscar Andrade, secretario de Formación Sindical y secretario general -respectivamente- del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca), dijeron que la responsabilidad de ese siniestro fue de la empresa constructora, que no había tomado las medidas de prevención suficientes, y es en parte por esto que esperan que este año se concrete la propuesta de proyecto de ley que presentaron para que las empresas comiencen a ser responsables penalmente en caso de negligencia.
El 10 de mayo pasado, día en que No toquen nada (Océano FM) conversó con Andrade sobre la seguridad en la construcción, la conductora del auto que atropelló a los obreros, Imelda Schelotto, se comunicó con el programa para denunciar las condiciones en que se produjo el siniestro. “Yo soy la que manejaba la noche del 11 de agosto de 2010 en la calle Rivera. Atropellé a dos obreros de dicha empresa por no haber en el lugar nada que me permitiera ver que ellos estaban en la calle agachados. Llovía torrencialmente”, contaba Schelotto en su correo electrónico.
El expediente del caso de Imelda Schelotto contiene el testimonio de un conductor de ómnibus que habría pasado por el lugar del siniestro unos minutos antes que Schelotto. El conductor “señaló (...) que la lluvia era intensa, lo que hacía que la visibilidad fuera terrible, por lo cual detectó a los obreros trabajando en la calle a unos seis metros de distancia, lo cual lo obligó a frenar para evitar embestirlos y a volantear el bus, no habiendo tenido estos la precaución de usar nada: ni valizas, ni conos reflectivos, ni banderas, ni linternas”, detalla el expediente sobre el testimonio del conductor.
Sin embargo, el juez a cargo del caso, Roberto Timbal, consideró a partir de lo indagado que los obreros estaban “vestidos con ropa de color naranja”, que “el lugar se encontraba iluminado por focos del alumbrado público”, que el vehículo de Schelotto “circulaba a velocidad excesiva” y que había un encargado de obra con campera reflectiva naranja haciendo señas para el desvío de autos, que fue incluso “rozado” por el auto.
A partir de esta descripción, y pese a que contradice lo contado por la indagada y por el chofer de ómnibus, el juez declaró culpable a Schelotto y la sentenció con la pena máxima para estos casos, de dos años y tres meses, aunque no le retiraron su licencia de conducir.
Propuesta de una cárcel específica para culpables de siniestros de tránsito
Pese a que su descripción de lo sucedido discrepa con la detallada por el juez, Schelotto asegura que no es su intención cuestionar a la Justicia y que no reclama el hecho de haber tenido que ir a la cárcel, sino la cárcel a la que le tocó ir, y a la que le tocaría ir a cualquier mujer culpable de provocar un siniestro de tránsito.
Imelda Schelotto y su esposo Ernesto Mancini sostienen que si bien “no hay presos de primera ni presos de segunda”, tiene que haber una alternativa de encarcelamiento para que los sentenciados por protagonizar siniestros de tránsito (culpables o no culpables) no convivan con asesinos o rapiñeros, que requieren de un proceso de rehabilitación diferente.
Además, aseguran que los hombres tienen una opción, que es Cárcel Central, mientras que hay una sola cárcel de mujeres: el CNR.
A partir de esto, Schelotto y su esposo presentaron una propuesta a la diputada del Partido Nacional, Verónica Alonso, para que las mujeres que sean procesadas con prisión por producir siniestros de tránsito sean derivadas a una cárcel específica, así como en la mayoría de los casos los hombres son derivados a Cárcel Central.
La propuesta presentada por Schelotto y Mancini a la diputada contiene también el establecimiento específico que podría usarse para estos casos, que es donde está recluida la jueza Anabella Damasco, procesada por estafa y seis delitos de peculado (apropiación indebida).
Según investigaron Schelotto y Mancini, ese establecimiento tiene 14 plazas que simulan monoambientes, de las cuales está ocupada solamente una, por la jueza Damasco. Schelotto asegura además que las plazas son suficientes, dado que en dos años ella fue la única mujer procesada por participar en un siniestro de tránsito.
Schelotto contó a 180 que esta idea de proponer un lugar específico para los procesados por este tipo de delito surgió a partir de lo que vivió en ese año y tres meses que estuvo en prisión. Asegura que si bien no se cree “más ni menos” que ninguna de sus compañeras de reclusión, al convivir con delincuentes y homicidas quedó expuesta a amenazas y agresiones recurrentes y comprobó que las personas son enviadas a la cárcel a sufrir.
“La mandan a sufrir, como si tuviera que aprender algo a carne viva. Es tanto el pánico y es tanto el miedo y es tanto lo que sufrís, que yo sé que nunca más voy a atropellar a nadie, porque nunca más voy a manejar un auto. Y no puede ser que una persona salga en estas condiciones. Porque yo no atropellé por no saber manejar, o por estar hablando por teléfono. Nada de eso. Llovía torrencialmente, eras las diez menos cuarto de la noche y no había nada que indicara nada”, contó Schelotto a 180.
Imelda Schelotto fue ubicada en el pabellón de mínima seguridad del CNR, pero dijo que a medida que fue ingresando más gente, las poblaciones de la cárcel se mezclaron y las condiciones de seguridad del pabellón empeoraron, hasta el punto que, según cuenta, su estadía allí se le hizo insoportable, debido a las amenazas, las patotas y las agresiones físicas y psíquicas que recibió de otras presas.
"El cáncer me salvó la vida"
Cuando había transcurrido un año y tres meses de encarcelamiento, Schelotto se detectó una inflamación en la zona del abdomen, y consultó al médico de la cárcel, quien al examinarla le detectó un tumor de unos 10 centímetros.
Este prediagnóstico del médico debía ser confirmado y analizado por el forense, que a su vez debe establecer si la persona está en condiciones de seguir en la cárcel o si debe terminar su condena en su domicilio.
Pero antes de que Schelotto lograra concretar su cita con el forense pasó un mes y medio, porque le decían que no había móviles para trasladarla ni custodios para acompañarla.
Por eso fue que su esposo comenzó a movilizarse para concretar el procedimiento, y habló personalmente con la directora de la cárcel, con el presidente del Casmu (mutualista en que se atendía Schelotto) y con el actuario, a quien llevó todos los análisis que le hicieron a su esposa. Además, tuvo que pedirle al presidente del Casmu que hiciera una hoja de ruta escrita para entregar a los custodios, de manera tal que supieran exactamente qué trayecto hacer y qué pasos seguir dentro del hospital cuando trasladaran a Schelotto.
Al analizar a Schelotto, el forense confirmó que tenía un cáncer en el bazo que pesaba un kilo y medio (el bazo comúnmente pesa 200 gramos), y pidió su excarcelación. A su vez, le encomendó quietud total hasta que fuera operada. Solo le permitió moverse para ir al baño.
Schelotto volvió a la cárcel con esa encomendación del forense, y estuvo allí por 20 días, hasta que autorizaron su salida y la enviaron a su domicilio. Allí debió esperar un tiempo hasta reponerse para afrontar la operación, dado que pesaba 45 kilos.
Tanto el médico que la atendía en la cárcel como una de las doctoras que la atendió en el Casmu le aseguraron a Schelotto que el origen del cáncer fue el estrés y la angustia que padeció en la cárcel.
Pese a esto, Schelotto asegura que el cáncer le salvó la vida, porque sostiene que no hubiera resistido más tiempo en la cárcel. “A mí el cáncer me salvó la vida, porque yo ya no podía resistir más. No aguantaba más el sufrimiento. No aguantaba más el miedo, el pánico”.
Criterios en las penas que dictamina la Justicia
Raúl Oxandabarat, vocero de la Suprema Corte de Justicia, explicó a 180 que las penas, en los casos de siniestros de tránsito y en todos los demás, se aplican a partir de lo que propone el fiscal (el juez no puede aplicar una pena mayor a la propuesta por el fiscal), de lo que establece la ley sobre la pena mínima y máxima para ese tipo de delito, de lo que establecen las leyes sobre qué factores son atenuantes y agravantes y de lo que en lenguaje judical se llama la “discrecionalidad” del juez, que sería su subjetividad y su sentido de la Justicia a la hora de interpretar y aplicar esas leyes.
Por esta razón Oxandabarat entiende que “impartir justicia es en parte ciencia y en parte arte”.
