El 22 de noviembre, el Grupo Clarín denunció penalmente ante la Justicia por "incitación a la violencia y coacción agravada" al ministro de Justicia, Julio Alak, al secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini, y al presidente de la autoridad de aplicación de la "ley de medios", Martín Sabbatella.
Pero la demanda incluyó también "como propagadores" de "incitación a la violencia" a seis periodistas identificados como afines al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner: Roberto Caballero, Sandra Russo, Javier Vicente, Nora Veiras, Edgardo Mocca y Orlando Barone, explicó la SIP en un comunicado divulgado desde su sede en Miami.
"El Grupo Clarín tiene todo el derecho de defenderse de los constantes ataques que recibe del gobierno" de la presidenta Cristina Fernández, "pero no debería demandar a periodistas por lo que informan u opinan porque, en ese caso, atenta contra su libertad de expresión", dijo Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la organización patronal de medios.
Según la SIP, el Grupo Clarín aclaró en las últimas horas que con la denuncia "no se busca imputar a periodista alguno", sino que "sólo serán testigos" para que, "de poseerla, aporten información sobre los hechos denunciados".
Grupo Clarín solicitó en su demanda que la justicia argentina abra una investigación para "acreditar si una serie de acciones públicas y declaraciones de funcionarios que llamaron a combatir a los medios del Grupo, sus periodistas y directivos, los acusaron de atentar contra la democracia y hasta de ser responsables de secuestros o levantamientos de fuerzas de seguridad, tenían detrás una autoría ideológica con entidad para constituir el delito de incitación a la violencia colectiva".
Paolillo, director del semanario Búsqueda, advirtió que aun como "testigos", los periodistas no pueden ser forzados a dar información sobre sus fuentes en la Justicia.
El grupo de multimedios Clarín, el más grande de Argentina y uno de los mayores de América Latina, deberá desprenderse de decenas de licencias de cable, televisión y radios a partir del 7 de diciembre cuando regirá una cláusula antimonopólica de la ley de medios.
Clarín considera que la presidenta Cristina Fernández intenta acallar a la prensa.
(AFP)
