Szafir era jueza letrada en lo Civil y actualmente es profesora de postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y en la Facultad de Ciencias Económicas.
La doctora sostiene que el seguro que las tarjetas de crédito comenzaron a cobrarle a los usuarios el año pasado es ilegal porque implicó una modificación unilateral del contrato inicial, algo que está prohibido por el literal C del artículo 31 de la Ley 17.250 de defensa al consumidor.
Ese seguro de vida que se colocó sobre el saldo deudor y otras prácticas fueron denunciadas como abusivas por el abogado Julio Facal, especialista en Derecho Comercial de la Universidad de la República. La medida se aplicó para recuperar lo que perdieron las tarjetas luego de un acuerdo alcanzado a fines de 2011 para regular los aranceles que cobran a los comercios.
En la ley que regula el mercado de las tarjetas y que está cajoneada en el Senado -luego de ser votada por unanimidad en Diputados- se propone una forma de regulación. Szafir dijo incluso que ella está de acuerdo en que exista un seguro de vida sobre el saldo, pero debe estar regulado por ley para evitar abusos. "La ley dice que no se podrán hacer modificaciones unilaterales y el Banco Central dice 'salvo tal cosa'. Esa salvedad es ilegal, porque la ley prohíbe cualquier cambio que haga la tarjeta sin mi consentimiento. Una de las cosas que se establece en la circular, es que si hay una modificación yo me puedo oponer y el banco tiene un plazo para decirme si acepta o no mi oposición. Cuéntenme de algún caso en el que el cliente haya tenido razón", explicó.
El BCU basa su postura en la circular 2.104 del 13 de abril de 2012 (actualiza una del 2000) que contiene en el artículo 117, entre otras cosas, la regulación de las modificaciones de los contratos. También en un decreto 78/002 (del 20 de noviembre del 2002) donde se establece que en los estados de cuenta y otros informes que se envíen a los clientes, no se pueden incluir cargos sobre los cuales no se haya dado información al cliente y que no hayan sido previamente pactados. Sin embargo, exceptúa, entre otros puntos, al seguro de vida sobre el saldo deudor.
Pero una ley está por encima de un decreto, por eso la explicación que da el BCU para aceptar esta práctica es al menos cuestionable desde el punto de vista de la especialista.
Para Szafir las tarjetas tienen un margen de ganancia que no quieren perder y por eso cuando se logró el acuerdo para bajar los aranceles, las tarjetas generaron seguros de vida, no solo por muerte sino también por accidente o pérdida de tarjeta.
Se colocó un seguro de 0,3% sobre el saldo sin ningún tipo de consentimiento, pero además llamaron a los usuarios para ofrecerles más seguros sin dar información clara. "La gente no entiende porque no dan las explicaciones como exige la ley. Tienen que dar una información clara y suficiente. Generalmente la dan por teléfono, eso implica que la persona no tenga idea de qué contrataba, le dicen que el seguro es por si le pasa algo, para que cubra el saldo y después resulta que el seguro que la gente no tenía a la vista y que no sabía cuál era la aseguradora que contrató, termina siendo un seguro por muerte accidental y no arbitral. Entonces aparecieron un montón de situaciones que el BCU debería controlar y no permitir, aún cuando este proyecto de ley no esté aprobado", sostuvo.
En Argentina, por ejemplo, existe una ley que regula el mercado de tarjetas y las empresas se vieron obligadas a devolver sumas millonarias por los sobrecostos que cobraron a los usuarios a través del cobro de seguros de vida.
Szafir dijo que tomaron esta ley como insumo para elaborar el proyecto en Uruguay. "Estuvimos mirando la legislación comparada y este proyecto de ley no es diferente a lo que en otros lados se dio como protección a la gente. Nosotros desde el año 2000 tenemos la ley de relaciones de consumo y esta ley de tarjetas de Argentina es anterior a esa ley nuestra", señaló.
El artículo 20 del proyecto que en el Senado y que no se ha discutido ni siquiera en comisión dice que en su literal B que "el usuario deberá poder optar por los seguros que estime convenientes así como por la empresa aseguradora al inicio de la contratación".
El proyecto elaborado por el gobierno y la oposición hoy está trancado. Hace algunas semanas, el vicepresidente Danilo Astori le dijo a No toquen nada que está al tanto de la situación y que hablará con la bancada de senadores del Frente Amplio para que traten el proyecto porque lo considera necesario.
