La norma busca implementar un mecanismo sancionatorio que se base en el trabajo comunitario. El martes pasado, se votó por unanimidad y se acordó postergar la votación del articulado para esperar la respuesta por escrito de la Suprema Corte de Justicia que contestó esta semana.
Rafael Michilini, miembro informante del proyecto explicó los cambios que se introdujeron. “La Corte entiende que los juzgados de paz departamentales, por razón de ubicación geográfica, son los más adecuados para entender en cuestiones de faltas y así lo estamos poniendo” y agregó que se le está sumando un inciso segundo que “es facultar a la Corte para que en aquellos juzgados del interior que no son capitales departamentales, juzgados departamentales, así lo pueda determinar por vía de la reglamentación”.
Esta fue la única modificación que se le hizo el proyecto. Ope Pasquet del Partido Colorado dijo que más allá de este cambio tienen una diferencia de fondo con el proyecto. Sostuvo que “se mantiene el criterio de la instancia única y eso basta, a nuestro juicio para determinar un voto negativo a un régimen procesal que a nuestro juicio no contiene todas las garantías del debido proceso”.
La bancada oficialista no defendió a rajatabla este punto, incluso admitió críticas y compartió algunos argumentos. Michelini dijo que no le “preocupa que la oposición siga insistiendo respecto al tema de la apelación” porque afirmó que él comparte mucho los argumentos y agregó: “dejemos que funcione”. Para el senador habría que evaluar su funcionamiento dentro de un año o año y medio y ver “cómo funcionó la ley, si hubo injusticias, problemas, excesos”.
Además Michelini concluyó que “en este pedacito de la parte penal, estamos compartiendo mucho de los argumentos que ustedes dicen, tratando de ver si esto funciona para que la convivencia mejore".
