Desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica se adelantó que continuarán las exhumaciones que llevan a cabo desde hace ocho años.
La decisión "tiene que ver en parte con la política", dijo a AFP su presidente, Emilio Silva, ya que el gobierno español se opone a que Garzón investigue más de 114.000 desapariciones, que considera "crímenes contra la humanidad", y la fiscalía, que depende del ministerio de Justicia, también.
La Audiencia Nacional, principal instancia penal española, resolvió que Garzón deje de autorizar la apertura de fosas comunes hasta que el pleno de la audiencia responda al recurso de la fiscalía, que se pronunció en contra de que el juez investigue.
El 16 de octubre pasado Garzón decidió llevar a cabo esta investigación alegando que se trata de "crímenes contra la humanidad", que no prescriben.
Pero la fiscalía recuerda que una ley de amnistía adoptada en 1977 impide acciones judiciales por esos delitos de la Guerra Civil (1936-1939) y el franquismo (1939-1975).
"Vamos a seguir adelante", "no hay ninguna ley que nos lo pueda impedir", "tenemos toda la legitimidad del mundo y las familias también", aseguró Emilio Silva en relación con la búsqueda de desaparecidos.
