Lauría dijo en No toquen nada que hubo 370 periodistas en todo el mundo que actuaron como socios de los miembros de la ICIJ, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, quienes se especializan en procesar grandes volúmenes de datos.
El caso de los Panamá Papers tiene una dimensión mucho mayor que otras filtraciones. “Es 46 veces el tamaño de Wikileaks. Es un volumen de datos inmenso”, reconoció Lauría, tanto así que reconoció que “no está todo analizado, para nada” y dudó de que alcancen hacerlo en su totalidad.
En el ICIJ comenzaron a trabajar con estos datos hace un año y los socios se sumaron en junio de 2015, contó. Hubo un encuentro en Munich donde se coordinó la metodología de trabajo y luego se siguió el vínculo vía internet.
Indicó que una vez que el ICIJ procesó esa información, compuesta por 11,5 millones de documentos, la puso disponible para todos los socios alrededor del mundo en una plataforma web. Contó que había una suerte de división del mundo, en el que cada uno investigaba a un país distinto. “Había dos en Argentina, otro en Chile, otro en Uruguay, acá en Panamá éramos dos medios y en Colombia uno. Cada uno se ponía a investigar dentro de esa marea infinita de documentos, a rastrear cosas sobre su país”, agregó.
La periodista contó que era muy difícil rastrear la información porque no estaba tipificada y hubo que buscar nombre por nombre, rastreando códigos de las firmas de abogados y otros datos que se iban compartiendo en la plataforma común.
Para tener cierto orden, Lauría dijo que se solía comenzar por las principales autoridades políticas del país (el presidente, los ministros, etc.) “por lógica periodística” ya que “necesitas garantizarte hallazgos para hacer publicaciones” que este domingo tenían que hacer todos los socios.
¿Es legal la actividad de Mossack-Fonseca?
Mossack Fonseca, el estudio de abogados de Panamá que fue hackeado y desde donde se creaban todas las sociedades offshore involucradas, “ni siquiera es la más grande del país” en su tipo, contó Lauría.
A su vez, remarcó que el enorme volumen de datos proviene sólo de esta firma, que si bien no es de las mayores, “tiene 48 oficinas alrededor del mundo en lugares estratégicos como Islas Vírgenes, Hong Kong, Suiza y Londres”.
Desde Mossack Fonseca se excusaron de cualquier responsabilidad diciendo que ellos no eran responsables por lo que hacían los accionistas con las empresas luego de que se las crearan. “Mossack no dirige las empresas son de los accionistas. Si ellos lavan dinero no es culpa de Mossack-Fonseca, lo que hacen ellos es legal. El tema es si es legítimo o no, como toda discusión sobre los paraísos fiscales”, comentó Lauría.
“Si ocultás dinero en tu país y prestás servicios para que millonarios, posibles corruptos del mundo, o narcos laven plata… Vos no cometés un delito pero estás avalando uno en otro país”, dijo la periodista, que agregó además la relevancia de lo que implica la existencia de paraísos fiscales en sí, en el sentido de que son fondos que el gobierno no puede dirigir al pueblo.
Panamá como centro del lavado
Lauría señaló que se decidió por centrar su investigación en explicar el entramado panameño de blanqueo de dinero de todo el mundo, ya que no implicaba nada poner el foco en el presidente Juan Carlos Varela. Esto se debe a que “todo el mundo sabe” que Varela “tiene 24 empresas”, lo que “no es nada para denunciar ni contar, no es nada novedoso”.
La periodista explicó algunos aspectos que hacen de Panamá un lugar propicio para las actividades de lavado de dinero. Dijo que en 2014, Colombia declaró paraíso fiscal a ese país, lo que desató una crisis en la relación entre ambos. Finalmente, Colombia se retractó y comenzó una comisión binacional de negociaciones.
“Los panameños que integran esa comisión son todos abogados socios de Morgan y Morgan (uno de los estudios más importantes de Panamá). A la mañana abren empresas para millonarios del mundo y a la tarde negocian con organismos internacionales para sacar a Panamá de la lista de paraísos fiscales”, dijo.
Agregó que Ramón Fonseca, uno de los dueños de Mossack-Fonseca, “es amigo íntimo del presidente, era su ministro consejero” e indicó que “las firmas de abogados son poderosas y son parte del poder político, lo que hace muy difícil que esto cambie”. Dijo que los estudios jurídicos tienen “gente que vive de que Panamá sea un paraíso fiscal”.
Lauría contó que la ley de sociedades anónimas de Panamá es de principios del siglo XX y que en los 70, durante la dictadura de ese país, “se terminó de definir el perfil del istmo como centro financiero y de negocios, además de como centro de lavado de dinero”. Recordó el caso del dictador Manuel Antonio Noriega, que fue procesado por lavado de dinero, relacionado, incluso, al cártel de Medellín de Pablo Escobar.
Algunos recientes cambios en la legislación panameña buscan revertir la imagen internacional que se tiene del país. Por ejemplo, se hizo una ley para que las acciones al portador, que antes quedaban completamente ocultas, ahora necesiten que se les nombre un custodio. “Ahora, una persona sabe los nombres de los accionistas, antes no los sabía nadie, salvo los abogados”, explicó la periodista.
Este domingo, cuando se desató el escándalo, el gobierno de Panamá emitió un comunicado contando todos los esfuerzos que estaban realizando para promover la transparencia.
“Ojalá lo hagan porque Panamá va a seguir siendo un centro financiero por su ubicación estratégica, porque es estable, por el canal y los puertos. Hay mucha indignación en la sociedad civil del país, dicen que no puede ser que por cuatro personas que viven haciendo negocios, Panamá tenga mala imagen en todo el mundo; siendo que son los únicos que ganan haciendo que el país sea un paraíso fiscal”, agregó.
¿Cómo funciona?
Por ley, en Panamá, los únicos que pueden abrir una empresa son los estudios jurídicos. Lauría dijo que uno se presenta en un estudio y dice que quiere sacar dinero de su país y que no quiere que figure su nombre ni que lo rastreen. Empresas como Mossack-Fonseca abren la empresa, ponen a sus empleados como testaferros nombrándolos directores de esta nueva compañía y el cliente va a ser accionista.
Se abre una cuenta bancaria asociada a la empresa en Panamá u otro paraíso fiscal. La empresa dice que trabaja por lo que declara ingresos, los cuales, en realidad, serán el dinero que el cliente va sacando de su país y colocando en esa cuenta. Si ya está en el banco, ya está habilitada para gastarse.
“Panamá permite habilitar para el gasto a dineros dudosos”, comentó.
