La postura de la SCJ la enfrenta a algunos de los acuerdos que alcanzados entre gobierno y oposición en la Comisión por Convivencia y Seguridad Ciudadana.
El presidente de la SCJ, Ricardo Pérez Manrique, dijo a No toquen nada por qué no es conveniente aplicar el nuevo proceso penal de forma parcial a partir de febrero.
“Se corre un gran riesgo, lo dijimos explícitamente en la comisión del Senado: atar una cosa con alambre para que algo empiece a regir rápidamente cuando las condiciones no están dadas, pone en riesgo que el sistema no se pueda legitimar frente a la población y que la gente empiece a quejarse por el mal funcionamiento del sistema y que esto afecte el funcionamiento”, afirmó.
Presidencia había anunciado un acuerdo por el Código del Proceso Penal para su puesta en marcha en febrero. Fue el primer anuncio de la Comisión de Seguridad y Convivencia, pero el Prosecretario de Presidencia ya dijo que esto se puede revisar si hay discrepancias.
Pérez Manrique expresó que la Corte está dispuesta a aplicar plenamente el nuevo código desde julio del año que viene.
Respecto a la financiación de la implementación del nuevo proceso, el Ministerio de Economía y la SCJ llegaron a un acuerdo en las últimas horas. La cifra está muy por debajo de los 29 millones de dólares que la Corte había planteado el año pasado en su proyecto de presupuesto y en lugar de eso el paquete adicional será de 10 millones de dólares.
Este acuerdo llegó después de un informe preliminar de del consultor chileno César Moya Tapia, que trabajó en varias de las reformas procesales de la región y fue contratado para trabajar en esta presupuestación.
Pérez Manrique advirtió que el Poder Judicial no podrá implementar la reforma del Código del Proceso Penal si recibe menos recursos que los que se establezcan como necesarios en la consultoría.
Fuentes del gobierno confirmaron a No toquen nada que el informe preliminar del chileno no planteó cifras. Sin embargo, fue uno de los insumos para un acuerdo que reduce a un tercio los 29 millones de dólares que reclamaba la SCJ, según recordó Pérez Manrique.
“Pensamos que nos puede dar una mano muy importante sin perjuicio de que en el presupuesto nosotros pedimos alguna suma que eran 769 millones de pesos, que sería unos 28 o 29 millones de dólares, lo que pedimos en el presupuesto”, expresó.
Otra de las diferencias planteadas por la Corte en el Parlamento fue respecto al proyecto acordado que incluye la legislación del proceso abreviado. Esta herramienta es considerada fundamental para poder resolver muchos casos de forma rápida en el nuevo escenario del proceso penal y de esa forma evitar que la nueva modalidad de juicios orales tranque la Justicia.
Pérez Manrique dijo que no estarían dadas las garantías y se corre riesgos si no participan los jueces.
“Nos han dicho los representantes de la Presidencia de la República que después tiene que venir la opinión del ministro de Economía de cuál es el margen de fondos que se pueden atribuir a esta finalidad. Nosotros decimos que no hay mucho margen, que lo que se necesita lo necesitamos todo para implementar, porque si nos dan menos no podemos implementar”, señaló.
