El protocolo reconoce que existen “barreras al aprendizaje y la participación”, y deja de utilizar el concepto de alumnos con “necesidades especiales”. En el decreto se plantea que las personas con discapacidad deben contar con apoyo académico como, por ejemplo, el diseño universal y la adecuación curricular o que pide que haya guías de buenas prácticas pedagógicas y didácticas.
Además, dice que se debe contar con accesibilidad en las instalaciones y pide que haya acciones de sensibilización e información.
Cuando habla de diseño universal, se refiere al diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas. Por ejemplo, menciona a la accesibilidad comunicacional y dice que el docente deberá procurar que la comunicación con el alumno sea de acuerdo a sus particularidades y necesidades. Incluso dice que se debe facilitar un instructor o intérprete de la lengua de señas.
Algunas medidas también incluye a las bibliotecas públicas y privadas.
El abogado Facundo Chávez, asesor en Derechos Humanos y Discapacidad de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, le dijo a 180 que Uruguay tenía un modelo educativo que no era el recomendado porque todavía prevalece una educación especial y segregada a todos los niveles, con evaluaciones basadas en las discapacidades de las personas.
También sostuvo que hasta ahora los docentes se preparan como si todos fuéramos todas las personas iguales.
