Mientras el fiscal Luis Pacheco decide en estas horas si solicita o no el archivo de la causa ideada por Francisco Casal y ejecutada por la Mutual contra la empresa Full Play, la Presidencia de la República envió al Parlamento un proyecto de ley que cambia las reglas de las investigaciones judiciales sobre lavado de activos y que podría perjudicar a Full Play y la Asociación Uruguay de Fútbol (AUF), beneficiando al empresario Francisco Casal.
En febrero de 2015 Full Play y AUF firmaron el contrato por los derechos de las eliminatorias. En el momento de la firma, Full Play pagó un millón de dólares y luego giró desde Full Play Perú la segunda cuota, de 500.000 dólares correspondiente al mes de agosto.
Este segundo pago fue el primero retenido por la Unidad Antilavado por orden de la jueza Adriana de los Santos, quien ya no está al frente de esta causa que se investiga a raíz de la denuncia realizada por la Mutual contra Figueredo y Conmebol a fines de 2013 y ampliada a Full Play por el gremio, tras el FIFA Gate.
Una denuncia ideada por Casal como lo admitieron todas las partes involucradas. Lo hizo su abogado, Schurmann Pacheco, el abogado que la presentó, Víctor Della Valle, y el fiscal que llevó la causa, Juan Gómez, los presidentes de clubes que declararon y el propio Casal, cuando concurrió como testigo a declarar ante la Justicia.
Esa denuncia es la que priva a la AUF de recibir el dinero que le corresponde por el contrato de Full Play. Por un lado ahoga a la Asociación y por otro haría, de seguir adelante, que Full Play pudiese perder la cláusula de prioridad para las próximas eliminatorias.
Es por eso que tanto la AUF como Full Play están interesados en que se levante el embargo.
En medio de esta situación, llega la intención de modificar la ley, cuando está cerca de cumplirse los dos años de aquel embargo inicial de De Los Santos, plazo máximo para que caigan las medidas cautelares adoptadas en la etapa presumarial, como sucede en el caso de esta denuncia.
Hasta ahora la ley dice: “En el caso de que las medidas cautelares sean adoptadas durante la etapa presumarial, éstas caducarán de pleno derecho si, en un plazo de dos años contados desde que las mismas se hicieron efectivas, el Ministerio Público no solicita el enjuiciamiento”.
Full Play y la AUF, cada una por su lado, pidieron al fiscal Luis Pacheco el archivo de la causa. Si el fiscal accede, Full Play podrá cumplir con su contrato y la AUF recibir el dinero retenido.
Según dijo a 180 Alejandro Balbi, secretario general de la AUF, se trata de unos cuatro millones de dólares que genera atrasos con el cuerpo técnico, los jugadores y organismos del Estado como la DGI, el BPS, el BROU y el Ministerio del Interior por el servicio 222.
Es importante decir que si bien Full Play y sus directores Hugo y Mariano Jinkins quedaron involucrados en el FIFAGate sospechados de corrupción, la denuncia local es la que explica la medida. Incluso la empresa mantiene su actividad y están vigentes todos sus contratos con las otras federaciones.
Full Play ha cumplido con el pago de sus obligaciones en Uruguay desde una cuenta en Estados Unidos que ha pasado todos los controles. Al único que no puede pagarle es a la AUF.
