En caso de celebrarse la consulta, la pregunta será: "¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?", anunció Puigdemont en Barcelona, desde la presidencia del gobierno catalán, la Generalitat.
El presidente catalán aún debe convocar formalmente la consulta, que podría acarrear problemas judiciales tanto para él como para aquellos funcionarios que participen en su organización.
Su proyecto choca de plano con el gobierno conservador español de Mariano Rajoy, opuesto a esta consulta, declarada anticonstitucional por la justicia.
Desde hace casi un año, el Tribunal Constitucional ha bloqueado todos los pasos dados por los nacionalistas hacia la celebración de un referéndum, y cuando se formalice el anuncio de este viernes, con toda seguridad volverá a actuar de nuevo.
En su comparecencia en la Generalitat, Puigdemont argumentó que los separatistas han intentado "de manera reiterada" pactar un referéndum con el gobierno central español.
Sin embargo, "no hemos tenido ninguna respuesta positiva", añadió Puigdemont. El líder nacionalista puntualizó no obstante que "la respuesta que den nuestros conciudadanos en forma de 'sí' o de 'no' será un mandato que este gobierno se compromete a aplicar".
Actualmente, la coalición de Puigdemont, Juntos por el Sí, gobierna la región sin mayoría absoluta en el Parlamento regional, con el apoyo exterior de un pequeño partido de izquierda anticapitalista, Candidatura de Unidad Popular (CUP).
El 9 de noviembre de 2014 ya se organizó una consulta no vinculante sobre la independencia de Cataluña, en la que participaron 2,3 millones de catalanes de un total aproximado de 6,3 millones que estaban invitados a votar.
Dicho acto le ha costado una inhabilitación de dos años por desobediencia al entonces presidente regional, Artur Mas, por mantener la organización de la consulta, suspendida días antes por el Tribunal Constitucional.
Un debate profundo en Cataluña
La fiebre independentista en Cataluña arrancó en 2010, cuando el Tribunal Constitucional anuló parcialmente el nuevo estatuto de autonomía de Cataluña adoptado en 2006, que ampliaba las competencias de la región.
Siete años después, la sociedad catalana está dividida sobre la independencia. Un 48,5% está en contra y un 44,3% a favor, según el último sondeo gubernamental, aunque una amplia mayoría (73,6%) defiende que se celebre esta votación.
Alrededor de la defensa del referéndum se reunieron sectores no independentistas, como el nuevo partido de izquierda alternativa Cataluña En Común, liderado por la alcaldesa de Barcelona Ada Colau, sindicatos, algunas asociaciones empresariales e incluso el FC Barcelona.
Pero la apuesta por la unilateralidad resquebraja esta unión. El partido de Colau se ha mostrado tibio hasta ahora, pidiendo que se cumplan garantías democráticas, lo que deja solos a los independentistas en su promoción y organización.
Los planes de Puigdemont pasan ahora por la aprobación en las próximas semanas de una ley que se mantiene bajo secreto para desvincular la región del ordenamiento jurídico español y le dará poderes para convocar el referéndum.
La ley se mantiene en secreto para evitar su impugnación. Los independentistas quieren modificar el reglamento parlamentario para presentarla y aprobarla en menos de 24 horas, sin dar espacio a la oposición para presentar enmiendas.
"No es posible desconectar de la ley española", defiende el catedrático de Derecho Constitucional Xavier Arbós, asegurando que este paso supondrá "un salto al vacío".
El gobierno español puede impedir la consulta a través del Tribunal Constitucional, que podría suspender del cargo a Puigdemont por desobediencia, e incluso no descarta asumir temporalmente alguna de las competencias de las autoridades regionales.
Según el decano de ciencias políticas de la Universidad Autónoma de Barcelona, Joan Botella, un referéndum sólo podría ser aceptable internacionalmente "con acuerdo del gobierno central o un reconocimiento formal de la ilegitimidad del régimen político. Y ninguna de estas cosas está hoy encima de la mesa".
Las interrogantes prácticas, además, son múltiples, ya que se desconoce mediante qué ley se convocará la votación, el censo oficial está en manos de las autoridades estatales y no existe una autoridad electoral independiente ni una campaña informativa oficial y plural.
