El diputado Pasquet realizó un pedido de información al Tribunal de Cuentas de la República (TCR) sobre la cantidad y el uso de las tarjetas corporativas por parte de los funcionarios públicos. Además, preguntó si el TCR realiza algún tipo de control de los gastos.
En su respuesta, el TCR explica que no dictó resoluciones u ordenanzas específicas para el control de los gastos que se hagan con esas tarjetas y explica que los controles hoy son efectuados por los contadores delegados, excepto en los organismos paraestatales donde no se certifica la legalidad del gasto. Este procedimiento, por ejemplo, no se cumplió en Ancap.
“El contador delegado está en el organismo, entonces, puede ser muy difícil realizar el control. Depende de la personalidad de cada uno y la circunstancia, pero es muy difícil que el contador que está en el organismo le diga al presidente del mismo organismo que está haciendo un mal uso de la tarjeta, que los gastos efectuados son personales y que no se los puede cargar al organismo público”, explicó Pasquet.
Actualmente, el Tribunal de Cuentas analiza los gastos realizados con las 134 tarjetas corporativas que corresponden a funcionarios públicos. En total, hay 37 dependencias con tarjetas corporativas y sólo 15 tienen reglamentado el uso.
“Yo no sabía que eso estaba tan extendido y tampoco sabía que hay organismos donde hay muchas tarjetas corporativas, no solamente directores, sino que se otorgan también a funcionarios como en el caso de Uruguay XXI cuando van a cumplir misiones al exterior”, explicó.
A raíz de la información recibida, Pasquet presentó un proyecto de ley de tres artículos para que el TCR se encargue de fiscalizar el cumplimiento. “Por un lado, el TCR tiene que reglamentar el uso de la tarjeta con criterios técnicos serios y por otro lado debe controlar que la reglamentación se cumpla”, afirmó.
