El Frente Amplio considera a la seguridad ciudadana como un "derecho de las personas que se realiza mediante la acción del Estado para evitar que se vulneren los derechos y libertades de los y las habitantes. Es una necesidad social, indispensable para la convivencia democrática".
Explican que la seguridad no es un fin en sí mismo, sino una condición para el desarrollo humano sostenible. Como es una política estado, el Frente Amplio pide que sea "asumida por todo el sistema político con un horizonte de largo plazo".
La inseguridad es estructural
El diagnóstico del partido de gobierno es que los problemas de seguridad actuales "son consecuencia de políticas aplicadas en el pasado, son fruto de problemas sociales no resueltos hace muchos años
atrás, y que por no ser atendidos oportunamente, se fueron agravando con el transcurso del tiempo".
Según el FA, las políticas neoliberales con una "distribución inequitativa
de la riqueza, desempleo, desestructuración de las unidades básicas de socialización como la familia y la escuela". Según esta visión, esto llevó a una fractura y fragmentación social, aumento de la delincuencia, desconfianza en los diferentes operadores, y finalmente convergió a una
violencia estructural.
Las 11 medidas del FA contra la inseguridad
(SE ADJUNTA EL DOCUMENTO COMPLETO)
1- Duplicar los recursos presupuestales del Estado al Ministerio del Interior para continuar la recuperación salarial y modernizar los sistemas de prevención, disuasión y represión del delito.
2- Fortalecer el Instituto Policial como servidor de la Comunidad y reformar la Ley Orgánica Policial para: darle carácter nacional a las Guardias Metropolitana y Guardia de Coraceros y también a la Policía Comunitaria, dependiendo cada una de la Jefatura Departamental. También se rediseñará el despliegue territorial de la Policía Nacional, creando más Comisarías, Seccionales y Destacamentos Policiales de acuerdo a necesidades.
3- Continuar la profesionalización del policial desarrollando sus funciones de planificación, evaluación e investigación. Se fomentará el proceso de formación permanente y promover los ascensos y al mismo tiempo incoroprar tecnología de punta. Se pondrá énfasis en el desarrollo de actividades de inteligencia. También se propone disminuir en forma progrsiva el servicio 222 hasta su eliminación.
4- Mantener y profundizar la lucha contra el narcotráfico, lavado de dinero y otros grupos de crimen organizado.
5- Continuar con el desarrollo de la Dirección de Asuntos Internos para mejorar la calidad y la transparencia del servicio policial.
6- Reformar la normativa que regula los servicios privados de vigilancia y custodia, así como ejercer el contralor sobre la calidad de los mismos: capacitación de su personal a cargo de la Escuela Nacional de Policía, evaluación y acreditación periódicas.
7- Acelerar la reforma del Código Penal y del Código de Procedimento Penal. Un ejemplo es el tráfico de pasta base que debería ser penado con mayor severidad.
8- Reestructura del sistema de privación de libertad tanto para adultos como para adolescentes, y que las Cárceles salgan de la órbita del Ministerio del Interior.
9- Para abordar el problema de los jóvenes en conflicto con la ley, se proponen políticas que colocan a la niñez y la adolescencia como interés superior de la nación: escuelas de contexto crítico serán de tiempo completo; perfeccionar el sistema de Responsabilidad Penal Juvenil para hacer efectivas las resoluciones de la Justicia; crear un Instituto de Responsabilización de los Adolescentes en conflicto con la ley penal.
10- Profundizar la participación ciudadana, por ejemplo, a través de las mesas locales para la Convivencia y Seguridad Ciudadana, como instrumentos idóneos para el diseño de planes de seguridad participativos y comprensivos de los problemas locales.
11- Jerarquizar en cada jefatura de Policía las unidades especializadas contra la violencia doméstica, de género, el maltrato y abuso infantil incorporando personal con formación específica y con aptitudes para trabajar en el tema.
En el seminario, las ponencias estuvieron a cargo de Andreas Wille (representante de la Fundación Friedrich Ebert en Uruguay), el sociólogo Rafael Paternain (Director del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior), el Dr. Santiago Escobar (experto en políticas públicas de seguridad ciudadana de Chile) y el Dr. Eugenio Zaffaroni (Miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina).
