Modificaciones al nuevo CPP: “un impulso político y no jurídico”

El proyecto aprobado por Diputados que modifica al nuevo Código del Proceso Penal que rige desde noviembre "responde más que nada a un impulso político y no jurídico", dijo a No toquen nada el profesor titular de derecho procesal de la Udelar, y ex decano de la Facultad, Alejandro Abal.

Actualizado: 02 de agosto de 2018 —  Por: Redacción 180

Modificaciones al nuevo CPP: “un impulso político y no jurídico”

DelSol

Según Abal lo que se votó va en contra del espíritu del sistema acusatorio porque, por ejemplo, le devuelve al juez la potestad de investigar y pedir prueba.

"Lo básico del juicio acusatorio es que el juez es juez y no es parte ni abogado de las partes y él se limita a resolver en base a lo que me dicen las partes y me prueban las partes. Yo no soy detective, no soy investigador, soy un tercero absolutamente imparcial. Esa es la garantía del juicio acusatorio y así es como se planteó. El juez, en el código hasta el día de hoy, no podía disponer ninguna medida probatoria", explicó.

"En el caso de San Luis dijo 'no hay pruebas suficientes'. Lo que dijo tras eso es que, con razón o sin ella, el fiscal no había solicitado todas las pruebas que debería haber solicitado y que por ende no las tenía a la vista. Claro, con un mecanismo en el cual el juez puede pedir pruebas porque se le ocurre, porque entiende que puede servir para algo, seguramente hubiera terminado condenando a la persona que en definitiva en ese procedimiento salió absuelta", agregó.

"En base a eso es que se cambió el código y todo lo que se había construído muy bien en torno a que el juez no puede hacer nada, lo único que puede preguntar es una aclaración: 'discúlpeme, no entendí si dijo sí o no'. No puede interrogar. Bien, con esto sí puede, con esto puede hacer lo que quiera: hacer pericias, testigos, puede llamar a las partes", dijo Abal.

Según el ex decano "el riesgo de esto es que el juez queda inserto en un sistema inquisitivo".

Además, Abal dijo que la policía vuelve a tener la potestad de qué delito se investiga.

"Se propone que la policía sea la que determine cuál es la gravedad de los ilícitos sobre los cuales recibe denuncias y sea ella la que determine por sí misma cuáles da cuenta y cuáles no a la Fiscalía. Eso quizás después funcione de otra manera pero por lo menos como está redactado en el proyecto es algo que tuerce algo que originariamente se había previsto, es que el llamado principio de oportunidad es que lo resolivera el fiscal y no la policía", señaló.