Uruguay basa su legislación en protección de datos personales en lo que determina la Unión Europea, que según Muracciole “reconoce el acceso como un derecho fundamental, mientras que en Estados Unidos es más complejo”.
La Ley de Protección de Datos Personales es la 18.331 y el derecho de acceso está garantizado por el artículo 14. En su redacción, se establece que “todo titular de datos personales que previamente acredite su identificación con el documento de identidad”, tendrá derecho a obtener toda la información que sobre sí mismo se halle en bases de datos públicas o privadas.
Además, agrega que “la información debe ser suministrada en forma clara, exenta de codificaciones y en su caso acompañada de una explicación, en lenguaje accesible al conocimiento medio de la población, de los términos que se utilicen”. La solicitud se puede hacer a través de un formulario disponible en la web.
A su vez, Muracciole explicó que si bien se puede pedir algún dato específico, la ley obliga a entregar todos los datos. El artículo dice que “la información debe ser amplia y versar sobre la totalidad del registro perteneciente al titular, aún cuando el requerimiento sólo comprenda un aspecto de los datos personales”.
La docente de Derecho Informático de la Facultad de Derecho dijo que el derecho de acceso “se usa poco” en Uruguay pero las obligaciones para quienes deben entregar los datos exigen que la entrega tiene que realizarse en los cinco días posteriores al pedido y de no cumplirse, el solicitante “podrá ir a la justicia o ejercer el derecho por vía administrativa ante la Unidad Reguladora de Control de Datos Personales”.
