En base a un informe de José Benítez para No toquen nada de DelSol 99.5.

El proyecto había sido aprobado por unanimidad en el Senado en noviembre de 2017. Pero en diciembre del año pasado la bancada del Frente Amplio fracasó en su intento de aprobarlo por la oposición del diputado Darío Pérez. Ni siquiera se pudo levantar el receso para discutirlo.

Luego de las elecciones internas Liga Federal se había comprometido a estudiar algunas modificaciones para que Pérez diera el voto 50, pero no lo hizo.

Lo que el proyecto modificaba

El proyecto que no se aprobará establecía la obligación de presentar rendición de cuentas de las elecciones internas además de las nacionales. Además, prohibía las donaciones anónimas, topeaba y establecía la obligación que las donaciones se hicieran a través medios de pago electrónicos.

No había acuerdo en la prohibición de las donaciones de empresas, solo se admitían donaciones de personas físicas y en la distribución de minutos gratuitos de TV. Tampoco se logró consenso en que la Corte Electoral sea una central de compra de publicidad para que los partidos o sectores políticos compren en igualdad de condiciones

No toquen nada habló con tres diputados que estuvieron en la comisión que trabajó el tema: Carlos Varela del Frente Amplio, Conrado Rodríguez del Partido Colorado y Pablo Abdala del Partido Nacional.

Varela dijo que la bancada de diputados del Frente Amplio asume la responsabilidad de no haber podido aprobar el proyecto.

“Lo que me genera es una gran frustración. Primero, hay que reconocerlo internamente porque el Frente Amplio no logró tener las voluntades necesarias para juntar los 50 votos. Pero luego de un largo proceso que se dio de negociación con la oposición, tampoco logramos convencer al resto de votar un proyecto que no era perfecto, pero que implicaba un avance importante en la transparencia en el manejo de los recursos de los partidos políticos”, afirmó.

Para Carlos Varela, aprobar la ley era importante para prevenir hechos de corrupción que hoy no suceden. Según el diputado, el sistema político se perdió la chance “ser y parecer”.

“Yo estoy realmente convencido, porque hace años que estoy conviviendo con los distintos partidos, de que acá no hay corrupción ni compra de votos ni de voluntades. Pero es bueno que eso se explicite y quede absolutamente transparente aprobando leyes de estas condiciones. Si no, el mensaje que se da es confuso. Creo que los ciudadanos y las ciudadanas habrán pensado en su fuero íntimo que esta gente no vota esta ley porque no quiere transparentar sus cuentas. Eso es lo más lamentable”, dijo Varela.

El diputado colorado Conrado Rodríguez dijo que planteó modificaciones “racionales” al proyecto, pero que no fueron tenidas en cuenta. Según Rodríguez, la responsabilidad de que no se aprobara la ley es de la bancada del Frente Amplio.

“Es una sensación poco agradable porque se había trabajado muchísimo. Lamentablemente no se llegó a un acuerdo porque el Frente Amplio no quiso acordar con la oposición tener una ley de financiamiento de partidos que contara con una base de legitimidad y de apoyo de todos los partidos políticos”, afirmó.

Desde el Partido Nacional se dice también que el Frente Amplio no quiso discutir, pero reconocen errores de todo el sistema.

El diputado Pablo Abdala hizo una autocrítica respecto a cómo se trató el proyecto. Según Abdala, el tema se “politizó” demasiado y se dio una señal equivocada a la población.

“En todo este proceso hubo una diferencia entre la realidad virtual y la realidad material. Discutimos en clave de que en Uruguay no hay normas, que no hay controles ni límites, y eso no es verdad. Tenemos una ley que está vigente desde hace varios años. Me parece que se politizó de forma inconveniente y terminamos los partidos políticos, y sobre todo el FA, con nosotros los partidos de oposición, en una especie de competencia para ver quién es más transparente que quién. Si llevamos la discusión a este terreno después pasa lo que pasó: no sale nada y las cosas no mejoran”, explicó Abdala.

Para Abdala, hay que mejorar la ley actual y darle a la Corte Electoral herramientas para su aplicación, pero sostiene que el sistema no está bajo un halo de opacidad.

“Me parece que nos faltó madurez. Diría eso y no pretendo -por supuesto, porque sería una expresión adicional de inmadurez-, atribuirle la responsabilidad exclusivamente al Frente Amplio. Seguramente, todos tuvimos culpa de eso. Creo que todos estos temas tenemos que ponerlos sobre la mesa y sincerar la discusión de una manera bastante más razonada, bastante más serena, con la perspectiva de un período de gobierno que se inicie, y no de uno que concluye”, agregó.

La actual normativa

Al no aprobarse la nueva normativa los partidos se regirán por la ley de 2009 que le permite declarar a su antojo, lo que quieran, sobre financiamiento de sus campañas. No hay controles porque la Corte Electoral no tiene ni la capacidad ni la potestad de investigar lo que les declaran. 

Desde 2010, No toquen nada habló varias veces con el presidente de la Corte electoral, y siempre dijo lo mismo: no tenemos capacidad de investigar lo que los candidatos declaran. Así lo explicó hace tres años, antes que empezaran a discutir la nueva ley.

“El problema es que deberíamos tener la posibilidad de auditar y no la tenemos. Si no se auditan estos fondos es muy difícil encontrar los orígenes de estos fondos anónimos. La auditoría de esto significa una estructura especializada en auditoría, esto no se hace con un funcionario que se designe para hacer la auditoría. Tenemos tres contadores para gestionar la Corte, sus 900 y pico de funcionarios en todo el país y sus 19 oficinas departamentales. Si queremos dar el paso de la auditoría, tendríamos que hacer una contratación de un equipo de contadores que se encargaran exclusivamente de eso. En la estructura que tenemos y en la capacidad técnica y profesional que tenemos hoy, solamente llegamos hasta la exigencia de que nos presenten las Rendiciones de Cuentas”, había dicho José Arocena. 

Pero la nueva ley, como estaba redactada, tampoco solucionaba los problemas de fondo de la falta de capacidad de control y auditoría de lo que declaran los candidatos.

Arocena contó en marzo de este año qué pasó en un caso donde hubo una denuncia sobre financiamiento ilegal.

“Hubo una denuncia, la tomamos e hicimos una investigación. Llegado un momento nos encontramos con la imposibilidad, si no teníamos los recursos adecuados, de ir más allá. Al denunciante le dijimos que no pudimos probarlo. Esto lo doy como ejemplo porque una auditoría supone ir de una manera muy fina al origen de los fondos, y si realmente el origen no está denunciando una infracción a la Ley N°18.485. No hay instrumentos para aplicarla a fondo. Esto se lo hemos dicho al Parlamento varias veces”, contó Arocena por entonces.