En entrevista en No toquen nada de DelSol 99.5, el fiscal de corte, Jorge Díaz, y el presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ricardo Gil, hicieron mención al Código de Ética en la Función Pública, aprobado en diciembre de 2018.
Díaz dijo que la aprobación de este código “es un avance”, aunque reconoció que se podría avanzar más. Para el fiscal de corte, existen todavía grandes baches por incluir en la normativa, entre los que destacó a la regulación del cabildeo, o lobby. Añadió que este tipo de grupos de presión “en Uruguay existen, son muy pero muy fuertes y hay personas que se dedican a eso”.
“Esta actividad es no es ilícita, pero debería estar regulada. Yo debería saber que fulano de tal, cuando se va a entrevistar con un jerarca, en realidad representa a tal empresa o tal grupo de interés. En algunos países el cabildeo está regulado, en Uruguay seguimos sin hacerlo”, comentó Díaz.
Por su parte, Ricardo Gil dijo que lo que falta incorporar a ese texto legal es el conflicto de intereses. El presidente de la Jutep dijo que en Uruguay “seguimos pensando que corrupción es coima, y nos comemos el conflicto de intereses” en sus distintas modalidades, entre las que incluyó al lobby.
“Uruguay está en deuda. Eso no está tomado, implica un marco legal, este es pobre. Implica un organismo de aplicación, quién se encarga de que eso se cumpla, y eso no está”, añadió.
Para Díaz, el problema de fondo es un “déficit de institucionalidad” que tiene el país, y que organismos como la Fiscalía o la Jutep necesitan un grado de autarquía, que no estén vinculados a ningún poder.
Gil, por su parte, dijo que “antes del diseño institucional, tenemos que saber qué queremos hacer”. “Lo primero que precisamos son organismos de aplicación fuertes que controlen las normas, porque si no las normas están para no ser cumplidas. Si los que las violan no tienen castigo, la desconfianza crece”, comentó Gil.
