Cikurel recibió la semana pasada un dictamen de prisión domiciliaria por 60 días a partir de una orden roja emitida por Interpol, en el marco de una causa que se lleva adelante en Panamá, país que envió el exhorto para su extradición.
“Es una tema del que no voy a hacer declaraciones públicas. Dado el lugar que ocupo cualquier cosa que diga puede ser interpretada como un intento de influencia sobre la Justicia y nada está más lejos de mi intención. Respeto el Estado de Derecho, la división de poderes, la Justicia independiente, toda mi vida lo hice y lo último que haría en mi vida es tratar de influir o molestar el funcionamiento de la justicia”, afirmó.
El acuerdo de cooperación entre Panamá y Uruguay para las solicitudes de extradición establece que la Autoridad Central competente en el procedimiento en nuestro país es el Ministerio de Educación y Cultura, que estará encabezado por Da Silviera.
El trámite ingresa por el Ministerio de Educación y Cultura y luego es derivado al juez, que es el que finalmente decide si da o no la extradición.
En el caso de Cikurel actúa el fiscal de delitos económicos Ricardo Lackner y la jueza María Helena Mainard del Juzgado del Crimen Organizado.
El Ministerio de Educación y Cultura puede colaborar diciendo qué tratado regula esa extradición, cuáles son los requisitos, pero solo a modo informativo. Es el juez quien debe conocer el derecho y aplicar el tratado, en otras palabras, el que tiene que estudiarlo y aplicarlo.
Da Silveira dijo que no quiere hablar sobre el caso porque no quiere influir en el trabajo del Poder Judicial, aunque aclaró que todavía no llegó ningún exhorto.
“El Ministerio de Educación simplemente es una ventanilla por la que pasa el trámite. El ministro de Educación ni ve el expediente, no pasa por su oficina, no tiene ninguna capacidad de influir en eso. Lo primero que hay que dejar claro es que hoy no hay ningún pedido de extradición”, afirmó.
