Se le dice imputado a la persona que está siendo investigada por parte de la Fiscalía por la presunta comisión de un delito. En el caso de Manini Ríos la fiscalía entendió hace un año que había evidencia objetiva que lo implicaba en la comisión de un delito y por eso pidió la formalización.
En aquel entonces Manini Ríos evitó en primera instancia que el Poder Judicial resolviera sobre su formalización. Primero, con un recurso de inconstitucionalidad que presentó en octubre del año pasado, que fue rechazado por la Suprema Corte de Justicia y luego evitó de nuevo la decisión gracias a sus fueros al ser electo senador a fines de ese mes.
Esto quiere decir que el trabajo de la fiscalía está hecho, que ya fijó postura, y lo que resta es que se expida el Poder Judicial, en este caso la jueza Marcela Vargas.
Si no hay desafuero, entonces se impedirá que haya una resolución judicial para definir si se inicia un juicio oral contra Manini Ríos.
¿Por qué el fiscal Rodrigo Morosoli solicitó el desafuero de Guido Manini Ríos?
La Fiscalía investigó la actuación del Tribunal Especial de Honor N.º 1 del Ejército, que juzgó la conducta de oficiales involucrados en causas penales por violaciones a los Derechos Humanos ocurridas entre 1973 y 1985.
El Tribunal comenzó sus tareas el 17 de octubre de 2017.
Pero lo importante sucedió a partir del año 2018, en la tercera convocatoria (el 10 de abril) donde concurrió por primera vez José Nino Gavazzo.
Su actuación es reservada para toda persona ajena al tribunal. Sólo puede romperse esa reserva en el caso del artículo 77 del reglamento del Tribunal de Honor. Solo ahí y ante su superior: el comandante de la fuerza en cuestión. En aquel momento Guido Manini Ríos.
Por ejemplo, el ministro de Defensa y el presidente no saben lo que ocurre (o no deberían formalmente) en el tribunal hasta que les elevan los fallos para homologar.
El artículo 77 dice que “cuando el Tribunal de Honor intervenga en cualquier asunto en el que exista la presunción de un delito, común o militar, su Presidente comunicará de inmediato al Superior que corresponda suspendiendo las actuaciones del Tribunal, hasta tanto el Superior se pronuncie”.
Los Tribunales de Honor se limitan a juzgar solamente el aspecto moral de la actuación de los militares, amparados en el Honor y deber militar. Y depende disciplinariamente y administrativamente del comandante en jefe del Ejército.
En este caso se rompió dos veces esa reserva.
Según se explica en el dictamen del fiscal Morosoli, esto pasó cuando los tres responsables del tribunal le relataron a Manini hechos con apariencia delictiva narrados por los involucrados. Y esto fue reconocido por los propios integrantes del tribunal militar ante la fiscalía.
Los miembros de tribunal habrían cumplido con el artículo 77 del reglamento del Tribunal. Pero esos hechos no fueron denunciados a la fiscalía ni a la justicia civil por Manini.
Esta es la razón por la que la fiscalía pide el desafuero de Manini: considera que el entonces comandante en jefe del Ejército cometió un delito penal por incumplir con el artículo 177 del Código Penal.
Este artículo regula la omisión de los funcionarios en proceder a denunciar los delitos. Dice que “el Juez competente que, teniendo conocimiento de la ejecución de un delito, no interviniera o retardase su intervención, y el que no siendo competente, omitiere o retardare formular su denuncia, será castigado con la pena de tres meses a dieciocho meses de prisión”.
Agrega que “la misma pena se aplicará al funcionario policial que omitiera o retardare formular la denuncia de cualquier delito de que tuviere conocimiento por razón de sus funciones, y a los demás funcionarios, en las mismas circunstancias, de los delitos que se cometieren en su repartición o cuyos efectos la repartición experimentara particularmente”.
Esta es la obligación de los funcionarios públicos de denunciar delitos que se cometieron en su repartición o cuyos efectos la repartición experimentará particularmente.
¿Quiénes declararon en ese tribunal?
Los coroneles retirados Julio Silvera, Ernesto Ramas, Gilberto Vázquez, Luis Maurente (muerto) y el teniente Coronel retirado José Nino Gavazzo.
Gavazzo, Silveira, Ramas y Gilberto Vázquez fueron condenados a 25 años de prisión en 2009 por el juez Luis Charles.
En el caso de Maurente la condena fue de 20 años. En todos los casos, la tipificación fue de 28 delitos de homicidio especialmente agravado en reiteración real. La investigación fue en el marco del denominado “segundo vuelo” y el juez entendió que los 28 militantes del PVP trasladados desde Buenos Aires en 1976 están muertos.
En ese tribunal de honor Gavazzo y Silveira brindaron nueva información de hechos con apariencia delictiva. Los integrantes del tribunal entendieron que esa información eran delitos pasibles de denunciar.
Y el fiscal entiende que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, en ese entonces Manini, debió enviar la información a la Justicia.
Eso luego fue relatado ante el fiscal Morosoli por los involucrados: funcionarios del Poder Ejecutivo (incluido el presidente) y militares integrantes del Tribunal Militar y Guido Manin Ríos.
Todos declararon previamente al pedido de formalización. Lo hicieron ante el fiscal y con sus respectivas defensas. Manini, por ejemplo, lo hizo en junio de 2019. Todos oralmente y todo está documentado en audios.
Manini decidió no enviarlas a la Justicia, a pesar de dos pedidos realizados por los integrantes del tribunal militar.
Se lo contaron en audiencia al fiscal Morosoli que afirma que las revelaciones de estos militares sorprendió a los miembros del Tribunal.
En palabras del General Presidente del Tribunal: “… estábamos investigando sobre el segundo vuelo, no aparecía nada que nos convenciera… entonces le hicimos una pregunta, si él había tenido conocimiento de que hubiera algún muerto en un cuartel o que se hubiera entregado una niña o alguna violación a los Derechos Humanos si se hubiera producido, y ahí nos dice que sí, nos dice en su momento, yo les voy a decir algo que nunca se lo dije a la Justicia, aunque sé que mañana va a estar en la Justicia, sí tengo conocimiento de una persona que murió adentro de un cuartel. Nos dijo eso y siguió hablando y hablando, nosotros nos miramos y dijimos, a la miércoles, esto es grave...”.
Además: “Inmediatamente terminada la sesión lo conversamos entre nosotros, acá tenemos algo que parece delictivo, algo nuevo...”.
Lo primero que dice Gavazzo sobre Gomensoro y que destaca el fiscal:
“Se le habían hecho preguntas banales y no había motivo de su fallecimiento. No tenía una lastimadura en el cuerpo. No tenía nada. Bueno, yo le di cuenta a mi Jefe, que era el Coronel R. y juntos concurrimos a la División de Ejército I. El General C. dio la orden de que… No se podía… Por temas de desprestigio del Ejército, no podía darse a conocer de qué había fallecido un hombre en un cuartel. Porque iban a decir que lo habíamos matado. Y no fue así. No fue así. Entonces dio la orden que lo tiraran en la… en el Río Negro. En la… en el campo militar que hay allí, antes de la represa. Bueno. Quien tuvo que hacer eso fui… Recibí la orden de hacerlo yo. Lo hice yo”, declaró Gavazzo.
Por estas declaraciones de Gavazzo, los integrantes del tribunal se reunieron con Manini en su despacho el 11 de abril del 2018. Decidieron ir los tres a pesar de que no era necesario.
Manini ordenó suspender las actuaciones, indicando que posteriormente daría las directivas correspondientes y dijo que se iba a hacer cargo de la situación.
Manini no frenó las actuaciones ni informó a la Justicia. Según el dictamen de Morosoli a finales de abril Manini llamó al presidente del tribunal a su despacho y le dio la orden de continuar con las actuaciones. Les dijo que lo declarado por Gavazzo era una “chicana” para dilatar la decisión de ese Tribunal.
Esto no se documentó en el expediente y los generales no recordaron en qué fecha precisa se les impartió esta orden. Tampoco se comunicó a otras autoridades del Poder Ejecutivo, según destaca el fiscal.
Luego hay una segunda detención de actuación del tribunal por lo mismo. Hubo más información, más revelaciones relevantes de otros militares para otras causas que están en trámite.
Entonces, los integrantes del tribunal solicitaron una nueva reunión con Manini.
Por ejemplo, están las declaraciones de Silveira, que habla de otro caso, de Eduardo Pérez Silveira (alias “El Gordo Marcos”), que militaba en el Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros y fue detenido el 5 de mayo de 1974.
“Tengo entendido que lo llevaron del Hospital al Cementerio del Norte y lo pusieron en un nicho. Tengo entendido eso. No estuve en nada, no participé, no vi, no estaba...”, afirma.
Pérez Silveira es un desaparecido, su crimen es de lesa humanidad y la causa está en presumario (según código viejo). Esto para la fiscalía es más claro que lo de Gomensoro.
Dice el fiscal: “Nuevamente nos encontramos ante declaraciones vertidas en instrumentos públicos en las que se da cuenta de un caso de desaparición forzada (artículo 21 de la ley 18.026) considerado como delito permanente y que por ende, de verificarse el mismo, se estaría cometiendo al día de hoy".
Entonces el Tribunal pidió una nueva audiencia a Manini. Uno de sus integranes afirmó que “nosotros lo que decíamos es que esto era un caso para pasar a la Justicia… con esto hay que hacer algo y había acuerdo en ello. Esto es un hecho que hay que pasarlo a la Justicia, no hay vuelta”.
Se reunieron el 15 de junio del 2018, dos meses después de la primera reunión. Otra vez fueron los tres integrantes del tribunal y le entregaron a Manini una copia de la transcripción de las declaraciones.
Dijo uno de los integrantes del tribunal: “Debate no hubo, nosotros lo que le decíamos es que es un caso para pasarlo a la Justicia, y él nos decía a nosotros este hombre lo que está queriendo es que se detengan las actuaciones… Nosotros le decíamos bueno pero esto está acá, lo dijo y esto hay que pasarlo a la Justicia, nosotros lo decíamos, esa era la intención”.
Manini ordenó nuevamente detener sus actuaciones y aguardar órdenes. Esta reunión tampoco fue documentada. Después decidió que continúe con los mismos argumentos que la vez anterior y les pidió que logren el fallo del tribunal de honor y terminen.
Es clave qué pasó desde el 13 de febrero al 30 de marzo. ¿Por qué ni el Ministerio de Defensa ni Presidencia elevaron las actas a la Justicia?
El 14 de febrero Manini fue al despacho del ministro de Defensa Jorge Menéndez y entregó el expediente, acompañado de un sobre con sus valoraciones sobre la justicia. El ministro estaba con su asesora jurídica y su secretario personal.
Menéndez se reunió con su asesor en materia de Derechos Humanos y al tomar conocimiento del contenido de la nota “le causó un malestar físico” al ministro, quien ya atravesaba la etapa terminal de su enfermedad oncológica.
El viernes 15 de febrero (fin de semana previo a un consejo de ministros).
Los asesores del Ministerio de Defensa advierten al ministro sobre las declaraciones realizadas por los militares ante el tribunal a través de un correo electrónico.
El lunes 18 de febrero, Menéndez le dijo a Vázquez que necesitaba hablar con él acerca del expediente del Tribunal de Honor y acerca de la nota elevada por el Comandante en Jefe del Ejército. Y le cuenta el contenido de las actas (que no había visto).
Menéndez y Vázquez se reunieron el 19 de febrero en la residencia de Suárez y Reyes. Luego de que Menéndez expusiera la situación Tabaré Vázquez resolvió:
- No homologar el fallo.
- Homologar los fallos relativos a Gavazzo y Silveira, compartiendo su resultado sancionatorio, pero dejando sentado por escrito las discrepancias con el criterio seguido por el Tribunal.
- Poner en conocimiento del sistema de justicia penal los hechos plasmados en el expediente.
Homologar el fallo implica avalar la sanción propuesta por el tribunal. No implica respaldar lo que dice el declarante. Dar cuenta a la justicia civil es otro acto administrativo.
Ahí le pidió al secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, que se reúna con Menéndez. Durante algunas semanas se trabaja entre ambos para cumplir con lo definido por Vázquez.
El lunes 11 de marzo Vázquez pide el expediente ya con el trabajo terminado y al otro día se reúne con Manini en Suárez y Reyes. La reunión había sido pedida por Manini.
El encuentro duró aproximadamente veinte minutos. Manini expuso los detalles de su posición respecto a la actuación del Poder Judicial uruguaya en las investigaciones de delitos de lesa humanidad.
Luego le anunció al Presidente que pensaba renunciar a su cargo y que no sabía si iba a hacerlo en ese momento, en el correr de la semana o en un mes.
Vázquez le dijo que no iba a renunciar, porque lo destituía en ese mismo momento. Manini Ríos le indicó que tenía agendada una reunión con el resto de los generales para ese mismo día y le pidió permiso para concretarla y despedirse. Fue autorizado y se retiró de la oficina presidencial.
Según las declaraciones de Tabaré Vázquez ante la fiscalía, en esa reunión Manini Ríos tampoco hizo referencia a las declaraciones de Gavazzo y Silveira.
El 12 de marzo se cumplen las definiciones de Vázquez y el expediente vuelve al Ministerio de Defensa. Ese día Manini hace su video como comandante cesado. Hasta ese momento las declaraciones no habían sido enviadas a la justicia civil. ¿Qué pasó desde ese 12 de marzo al 30 de marzo que se hicieron públicas las declaraciones de Gavazzo?
Presidencia sostiene (en una versión sustentada por otros testigos que declararon en la causa) que para cumplir con la orden presidencial de dar cuenta a la Justicia, el Ministerio de Defensa dice ante la Justicia que optó por desagregar y cruzar los datos que surgían de las declaraciones de Gavazzo y Silveira con la base de datos que poseía el Ministerio de Defensa, para facilitar la tarea de los órganos de investigación criminal (Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad) y no remitir la información “en bruto” con las consiguientes dificultades de análisis por parte de dichas autoridades.
Dice el fiscal que en definitiva, se pretendió enviar la información adecuada a cada causa, para así poder avanzar rápidamente en las investigaciones en cuestión.
En ese trabajo se detectaron al menos cinco causas penales para las cuales serían relevantes las declaraciones de Gavazzo y Silveira.
El fiscal concluyó su trabajo archivando las actuaciones contra Tabaré Vázquez y el resto de los integrantes del Poder Ejecutivo. También archivó las actuaciones contra los militares que integraron el tribunal.
El único responsable penalmente por la información que no fue enviada en tiempo y forma, según el fiscal, es Manini Ríos.
El pedido de desafuero fue en audiencia el año pasado, en noviembre, ya con Manini electo senador, y fue expresado oralmente por el fiscal Rodrigo Morosoli. Y el audio fue remitido a la Cámara de Senadores junto con el expediente judicial.
Solo falta que el poder judicial se expida sobre el pedido de formalización (o sea decir si corresponde o no ir a juicio). Esto lo va a decidir la jueza Marcela Vargas.
Este caso de Manini, por decisión de la fiscalía, va a juicio oral. Entonces hay que culminar la investigación, luego la fiscalía acusará y entonces sí tienen lugar las audiencias de juicio, donde se presenta toda la prueba frente al juez de juicio.
En este caso hubo una convocatoria a audiencia de formalización para el 3 de octubre, que no se hizo porque esa misma tarde la defensa de Manini presentó la inconstitucionalidad. Fue una audiencia de formalización fallida.
Esto hizo que se llegará a los fueros porque la defensa de Manini presentó un recurso de inconstitucionalidad para dilatar el proceso contra la ley 19.334 que creó a la Fiscalía como un ente autónomo y la ley 19.293 del Nuevo Código de Proceso Penal y varios artículo de esa norma. El escrito fue elaborado por el hoy diputado de Cabildo Abierto, Eduardo Lust.
Esto fue rechazado a las dos semanas por la Suprema Corte de Justica, en tiempo récord. La Cotrte devolvió el expediente a la jueza y luego ésta fijó audiencia en noviembre. Ahí Manini ya tenía fueros y Morosoli pidió el desafuero antes de fijar una nueva audiencia de formalización en la que la jueza debe resolver.
Si Manini era formalizado en noviembre, de todas maneras, el desafuero se iba a plantear luego para el juicio oral.
El trabajo de fiscalía está hecho, ya fijó postura jurídica, y lo que resta es que se expida la jueza. Lo que se impide en caso de no votar el desafuero es que haya una resolución judicial (o un rechazo) para que Manini vaya a juicio oral.
Con base en un informe de Emiliano Zecca, para No toquen nada.
