La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual argentina fue sancionada hace tres años por el Congreso, pero varios de sus artículos siguen sin aplicarse, como el 161, que tiene medidas cautelares y por ello entrará en vigencia recién el lunes 10 de diciembre.
Sin embargo, en los medios y en la opinión pública se tomó como fecha de referencia el 7 de diciembre, o “7D”, y en torno a esta fecha se vienen planteando discusiones y expectativas.
El artículo 161 de la ley dispone la desconcentración de los grupos mediáticos que exceden el máximo de licencias permitidas por la ley. Uno de esos grupos es Clarín, y por ello el 7D desató una discusión y enfrentamiento entre el gobierno y este grupo empresarial.
El doctor en Ciencias de la Información Martín Becerra conversó con No toquen nada sobre la ley de medios y el 7D. El especialista destacó en primer lugar que deja un “saldo positivo” al menos por el hecho de haber iniciado un debate “inédito” en el país, que es el debate sobre la función de los medios de comunicación. Sostuvo que antes esta discusión se reducía a los periodistas y a los profesionales de la Comunicación, y que es importante que llegue a todos los sectores de la sociedad.
“El tema es fundamental para la constitución del espacio público y la construcción de percepciones sobre la realidad. Nosotros como individuos tomamos las decisiones que tomamos en parte gracias a la intervención y a la labor de los medios de comunicación”, consideró Becerra.
El doctor en Ciencias de la Información agregó que el rol de los medios “era un tema sobre el que no se discutía en Argentina”, y explicó que empezó a discutirse en el año 2008, cuando se dio una ruptura en la buena relación que habían cultivado el kirchnerismo y el Grupo Clarín.
De todas maneras, Becerra señaló que la discusión tomó una forma “polarizada, binaria, maniquea, sobreactuada (y) muy a la argentina”, pero sostuvo que aun así es muy valiosa.
El contenido y la discusión
Además de valorar la discusión que desató respecto al rol de los medios, Becerra consideró positivos varios de los contenidos de la ley.
En primer lugar, destacó que abre el derecho a la comunicación a todos los sectores de la sociedad, dado que establece que se destine el 33% de las licencias de radio y televisión a actores sin fines de lucro. “Históricamente los que acceden a las licencias son empresas”, por lo que se debe contar con una capacidad económica y patrimonial “importante” para obtener esas licencias, explicó Becerra. Para el especialista esto deja por fuera a quienes no tienen esa capacidad patrimonial, y entiende que así se está cercenando el derecho humano de ejercer la comunicación masiva de la mayoría de la sociedad. Por ello sostuvo que esta parte de la ley “configura un enorme avance” en términos de ampliación del derecho a la comunicación.
En segundo lugar, Becerra contó que la ley separa los órganos de control y de aplicación de la ley del Poder Ejecutivo, al establecer la creación de órganos integrados por representantes del gobierno, representantes de la oposicion y representantes de la sociedad civil para que controlen y apliquen la ley. Becerra dijo que si bien esto no es algo que suceda en la práctica, dado que “hay una diferencia importante entre lo que la ley dice y lo que el gobierno hace”, esto también representa un avance porque históricamente las autoridades de aplicación y control de las leyes de medios dependían del Poder Ejecutivo. Y aunque la ley no se aplique, el hecho de que estos conceptos estén en una ley permite que los ciudadanos puedan exigir que se cumplan, sostuvo.
En tercer lugar, valoró el artículo 161, que establece un tope a la concentración de medios. “Uno de los problemas de los países latinoamericanos es el altísimo nivel de concentración de la propiedad de la estructura de medios. Hay países como Uruguay, incluso, donde las licencias de televisión no tienen fecha de caducidad, lo cual es alucinante desde el punto de vista de que se trata de un recurso público. No puede ser que alguien lo explote y no tenga una fecha de devolución de esa licencia”, argumentó Becerra.
Sobre este último punto señaló que el grupo de medios más concentrado es Clarín (principal contendiente del gobierno), seguido por Telefónica (Telefé) y Vilamanzano. Además, explicó que los dos últimos tienen una línea editorial “completamente oficialista”, aunque aclaró que esto no significa que sean kirchneristas, sino que “están siempre en la vereda del sol”, en el sentido de que están en concordancia con quien está en el gobierno.
Becerra señaló que estos grupos también tienen que adecuarse a la ley y que están empezando a mostrar planes de adecuación, dado que todos tienen que adecuarse antes del 10 de diciembre.
Luego de hacer estas valoraciones sobre la ley, Becerra comentó la forma “binaria” en que se está dando la discusión en torno a ella en Argentina.
Dijo por un lado que en esta discusión el Grupo Clarín le sirve al gobierno como “buena coartada”, dado que al enfocar la discusión en Clarín el gobierno se evita la “laboriosa tarea” de poner en marcha esos avances que plantea la ley. Becerra sostuvo que algunas personas del gobierno “con gran influencia” no consideran prioridades esos avances que propone la ley, sino que la promovieron como parte de una pugna con Clarín, ex aliado del gobierno. “Entonces esta guerra en verdad para el gobierno representa la obsesión de desarticular la estructura organizativa del Grupo Clarín”, afirmó.
Por otro lado, Becerra considera que también para Clarín el gobierno funciona como coartada, porque le sirve “ponerse en el lugar de víctima y decir que el gobierno está atacando la libertad de expresión”. Becerra señaló que el Grupo Clarín, como grupo empresarial, tiene una conducción “que no se interesa mucho por el periodismo”, pero que en este contexto de confrontación le sirve el discurso que coloca al gobierno como limitador de la libertad de expresión. “Esta cantinela, que es la versión de la Sociedad Interamericana de Prensa, es un discurso desde mi punto de vista anacrónico, de la Guerra Fría, (según el que) cualquier tipo de regulación implica una amenaza a la libertad de expresión. Pero a la libertad de expresión resulta que solo la pueden tener los empresarios”, comentó.
Por estos dos elementos, Becerra considera que se dio “una pelea que los retroalimenta (a Clarín y al gobierno) en su propia lógica”.
Las formas de aplicación de la ley
Becerra comentó los planes de adecuación que presentaron algunos de los grupos de medios argentinos ante esta ley. Dijo que varios de los grupos afines al gobierno presentaron como propuesta desintegrar al grupo como tal y dividir las mismas señales que ya tienen entre los diferentes socios que hoy componen el grupo. Además, añadió que este camino puede ser seguido también por Clarín.
Este plan de adecuación, señaló Becerra, hará que en la práctica las licencias sean explotadas por las mismas personas, aunque pasarían a administrarlas por separado y no ya como grupo.
“Esta situación esta lejos de responder a la expectativa de democratización que algunos grupos de la sociedad civil tienen”, comentó.
Por otro lado, explicó que si Clarín no presenta ningún plan de adecuación (que es el camino que viene anunciando), el gobierno va a actuar de oficio para aplicar la ley. Para ello, contó, deberá tasar las licencias que explota el grupo y sacar a la venta las que excedan el máximo permitido, que deben ser las menos importantes económicamente.
