La respuesta del pre candidato del Frente Amplio da vergüenza, pero refleja la realidad. Para las elecciones internas del 28 de junio todos los candidatos tienen derecho a guardar silencio sobre el dinero y las donaciones que reciben. No hay una sola normativa que los obligue a presentar un listado de sus contribuyentes.
Para las elecciones nacionales, el 25 de octubre, va a regir la nueva ley de Funcionamiento y Financiamiento de Partidos Políticos; los candidatos tendrán la obligación de presentar una declaración jurada ante la Corte Electoral.
Pero la nueva ley no genera transparencia, es sólo un formalismo; la Corte Electoral no cuenta con el personal ni los técnicos suficientes para recibir y verificar la información.
Recién en agosto van a saber si pueden contratar a los 13 técnicos que necesitan para ordenar la información contable que llegue, informó a 180 uno de los ministros de la Corte. Pero aún si consiguen recursos para esos técnicos, se necesitará capacidad de investigación: funcionarios de la Corte que puedan salir a corroborar que es cierto lo que declaran los candidatos.
Si no se reglamenta la posibilidad de investigar, los candidatos darán la información, pero nadie va a controlar si lo que dicen es cierto. ¿De qué sirve que venga en un papel que la empesa X donó 1.500 dólares si nadie va a verificar que es cierto? La ley será tan inútil como la que rigió para el financiamiento en las elecciones de 2004, sólo una apariencia.
Quizá en los próximos meses se dé el milagro y los partidos decidan darle los recursos a la Corte para controlar e investigar. Sería la primera vez en 25 años; difícil, pero aún queda la esperanza.
Para las internas no hay esperanza, porque los partidos ya lo decidieron: no se impusieron ninguna normativa de control.
Ante esta realidad, todos son sospechosos de haber obtenido dinero a cambio de favores para estas internas. Todos.
No importa que publiquen en sus páginas web los datos de quiénes aportaron y cómo. Ese es un gesto simbólico que harán varios, pero no alcanza.
Tiene que haber normativas que los obliguen. En un país serio no se puede desconocer cuando una empresa le da plata a un candidato y a los pocos meses acuerda con ella un contrato de obra.
En un informe del Canal 10, el jueves 11 de junio, varios de los encargados de finanzas de los candidatos dijeron cuánto van a gastar en la campaña. Las cifras son las que ellos quieren decir y cada uno maneja lo que le conviene.
En la misma emisión del noticiero Mujica se quejó de la cantidad de publicidad que tenían otros candidatos: “si los carteles votaran, estábamos fritos”, señaló. Lo hizo en alusión a la cantidad de carteles de los candidatos del Partido Nacional.
Ojalá se pudiera averiguar quién y cómo financió tanta publicidad. Pero Mujica prefiere que no le preguntemos a los candidatos.
Que el candidato con más intención de voto del país apruebe el secretismo es una pésima señal de transparencia. Pero que, además, ponga un manto de sospecha sobre los demás ya es tragicómico.
Los ciudadanos deberíamos adoptar la tolerancia cero ante un sistema que no brinda garantías. Porque no es gracioso.
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