La jueza recibió a 180 en su despacho para hablar del caso y destacó que para identificar a los secuestradores fue clave el trabajo de inteligencia policial. Se estudiaron las llamadas realizadas en horas y zonas relacionadas con la desaparición de la doctora. También se intervino el teléfono de Germán, el marido de Salomone, que fue elegido por la doctora como negociador.
Sánchez sostuvo que fue clave el perfil técnico de algunos oficiales que encabezaron la investigación y contó que ella desde su lugar aportó experiencia en el manejo de la información.
La jueza recorrió este jueves la casa del barrio Peñarol donde estuvo secuestrada la doctora. La mujer estaba en el fondo de la casa, en un galpón con un pozo de dimensiones pequeñas que funcionaba como cuarto. Ahora el piso del lugar está lleno de tierra porque fue tapado por los secuestradores y la policía tuvo que romper esa estructura cuando llegó por primera vez.
La casa fue identificada por algunos objetos que la doctora describió a la jueza cuando fue liberada: las tazas de Floricienta y de Peñarol, y el libro “Memorias del calabozo”, que fue el primero que los secuestradores le dieron a la mujer cuando pidió algo para leer. Salomone se negó a leerlo y se lo cambiaron por el Código Da Vinci.
Sánchez dijo a 180 que en la recorrida vio un cuarto armado, una estructura para colocar instalación eléctrica y hasta un hueco que podría ser para instalar un baño precario. Esto refuerza la hipótesis de que la banda estaba montando una estructura para cometer más secuestros y que utilizaría ese lugar para retener a la víctima.
La doctora contó, según consta en el fallo de Sánchez, que allí “le acondicionaron una cama precaria con bloques” y le dieron un colchón. El pozo drenaba agua y diariamente debía evacuarlo con un balde que le alcanzaban desde ‘arriba’. Al pozo lo cerraban con una tapa de portland.
La casa fue encontrada en uno de los tantos allanamientos que se hicieron cuando apareció con vida Salomone. La vivienda pertenecía al hijo de Gustavo Lepere, uno de los jefes de la banda.
Eran varias las viviendas que estaban con la orden de allanamiento lista, pero el plan era no actuar hasta que Salomone apareciera con vida. Durante el mes que estuvo secuestrada, la policía y el Poder Judicial lograron identificar a algunos de los secuestradores y por eso consiguieron la autorización para actuar.
Los medios y los riesgos
En el medio de la investigación hubo presos que plantearon hipótesis, pero “no sirvieron para nada” y no fueron tomadas en cuenta por la jueza. Sánchez dijo que no tiene buena experiencia con este tipo de colaboración y que muchas veces es usada para conseguir cosas a cambio, pero la información no tiene fundamento. También los investigadores temieron por la vida de la doctora cuando en un informativo de televisión se identificó el Ford Escort de los secuestradores. Pensaron que los delincuentes podían matar a la mujer al sentirse expuestos.
Las cámaras de seguridad registraron la recorrida del vehículo, que pertenecía a uno de los hermanos de un secuestrador, la noche que desapareció Salomone. En la estación Ancap de Garzón y Aparicio Saravia, el hombre surtió de combustible el vehículo y compró una botella aparte. Luego, junto a Lepere incendiaron la camioneta de la víctima en calle Recalde y se fueron hasta un supermercado de la zona, donde por casualidad fueron sometidos a un control policial de rutina. En ese momento la policía no tenía identificado a los secuestradores, pero el dato fue tomado en cuenta luego para cotejar información y comprobar que la noche que se incendió la camioneta Lepere estuvo ahí.
Llamada a Suiza
La primera comunicación con la familia tampoco fue sencilla para los secuestradores. Salomone desapareció el 17 de mayo y los delincuentes se contactaron con el esposo el 4 de junio. Antes hubo un intento fallido de hablar con el abogado de la familia, Jorge Barrera, y al no poder hacerlo, los secuestradores llamaron al abogado y dirigente de la AUF Alejandro Balbi, que no tenía nada que ver con el caso y además estaba en Suiza. Los delincuentes dijeron que lo hicieron porque era “amigo” de Barrera.
Balbi fue citado a declarar por la jueza, según consta en el fallo.
El 30 de mayo los captores se comunicaron con un vecino de la familia de la víctima para que avisaran a Germán, el esposo de la doctora, que fuera a calle Sambucetti a retirar un sobre en un buzón. Pero no encontraron nada. Recién el 4 de junio, Germán recibió un llamado para que se dirija a una casa en Joaquín Artigas y retire de un buzón un sobre con tres cartas. Eran de puño y letra de Milvana Salomone. En ellas se daban indicaciones y le decían a su familia que la mujer estaba bien.
Durante el tiempo que duró el secuestro recibieron varias llamadas, siempre de Pedro, el jefe de la banda que está prófugo. Hasta que acordaron la cantidad de dinero, unos 300.000 dólares, y lugar donde debía ser entregado.
En esas coordinaciones, la policía identificó un auto alquilado por el jefe de la banda que está preso, cuando seguía de atrás al marido de la doctora Salomone. Lo identificaron por una llamada del celular que provenía del auto y con la matrícula del vehículo se enteraron que había sido alquilado por Lepere.
Además de uno de los jefes de la banda que está prófugo, hay otro hombre sospechoso que también es buscado. Hasta ahora solo fueron procesadas cinco personas.
¿Por qué la doctora?
La elección de Salomone como víctima todavía es un interrogante para los investigadores, más allá de que los autores afirman que fue seleccionada al azar. El monto pedido para el rescate no es alto y eso refuerza la hipótesis de que no la conocían, pero también es cierto que en Uruguay no es fácil introducir al mercado o transferir fuera del país grandes sumas de dinero.
La profesionalidad de la banda es otra de las interrogantes que deja el caso. Esta es la primera vez que alguno de los procesados, que ya tenía antecedentes, comete un delito de este tipo. En la Justicia creen que los secuestradores no cometieron muchos errores e incluso, a pesar del largo tiempo que tuvieron a la mujer secuestrada, consiguieron que no se filtre información que los delate, algo que muchas veces pasa en estos casos. Pero esto quizás se debe a que era una estructura de personas con vínculos cercanos y algunos familiares entre sí. Dos de los procesados, uno por encubrimiento y otro por receptación, son mayores de 70 años, a los que no se les pudo comprobar que estuvieran al tanto del secuestro.
Entre los indagados en primera instancia hay siete personas que fueron dejadas en libertad y que son familiares directos de los procesados. Todos se vieron involucrados en lo sucedido sin saberlo, según la información en primera instancia.
