Las propiedades pertenecen a Figueredo o sociedades formadas junto a su esposa. Cuatro están en Punta del Este y las restantes en Montevideo. Además, se establecieron medidas de no innovar en sociedades anónimas donde Figueredo tiene el 11,1% de las acciones, según explicaron las fuentes.
La decisión implica que las propiedades están retenidas por el Poder Judicial y no se pueden vender o hipotecar, por ejemplo. Es una medida cautelar y la fiscalía cuenta con dos años en este tipo de procedimiento. El desenlace del embargo dependerá del fallo judicial. Los bienes, que “presuntamente” son de origen ilícito para la justicia, pueden ser decomisados en favor del Estado. “Este es el golpe que más les duele”, dijeron a 180 las fuentes.
Luego de la feria judicial se dispondrán cerca de 30 citaciones a declarar. Entre los citados estarán presidentes de clubes, integrantes de la AUF y empresarios como Francisco Casal. Todos en calidad de testigos.
La decisión del embargo está basada en la investigación patrimonial a Figueredo que realizó el juzgado del Crimen Organizado uruguayo, a partir de que fue declarado competente por el Tribunal de Apelaciones.
Las fuentes aclararon que la decisión no tiene vinculación con la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, ni con el exhorto recibido para que se investiguen actividades con apariencia delictiva, relacionadas al lavado de dinero, vinculadas al caso FIFA.
La denuncia
El 24 de diciembre de 2013, Peñarol, Miramar, Cerro Largo, El Tanque, Rentistas, Juventud, Cerro, Racing y la Mutual de futbolistas denunciaron en el Crimen Organizado a Eugenio Figueredo, presidente de la Conmebol, y al fallecido Julio Humberto Grondona, vicepresidente de FIFA en este momento.
Dos meses antes, el empresario Francisco Casal había citado a delegados y presidentes de los clubes en la sede de la DIFA, Dirigentes de Fútbol Asociados, para explicarles que la Conmebol les daba poco dinero. La presentación la hizo uno de sus abogados, Jorge Pereira Schurmann, quien en su informe habló de la diferencia entre lo que recibió la Conmebol por televisación y lo que repartió por el mismo concepto. Además insistió en el dinero que la Confederación había perdido por no aceptar la oferta de Global Sports. Al finalizar la reunión, se le entregó a cada dirigente dos biblioratos con información sobre el tema.
En los primeros días de diciembre, Casal se reunió con Damiani y le solicitó que hiciera la denuncia penal ante las desprolijidades financieras de la Conmebol y la poca información que esta les daba a los clubes respecto del dinero de la televisión.
En la denuncia se habla de delitos como estafa y lavado de activos, dijo una fuente judicial a 180.
Los ocho clubes no ratificaron la denuncia, pero sí lo hizo la Mutual. Figueredo concurrió al juzgado del Crimen Organizado en octubre de 2014. Fue citado por la jueza Adriana de los Santos y presentó a su abogado. No hizo declaraciones sobre el caso ni por qué era investigado.
