En abril de 2012, la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) envió una circular a la administración central (Presidencia y ministerios) para que se elimine el límite de edad como requisito. Según datos proporcionados a 180 por la ONSC, el cumplimiento fue muy alto a pesar de que no hay potestad de sanción.
180 realizó un pedido de acceso a la información pública (ley 18.381) para conocer cuántos llamados públicos tuvieron como condicionante el límite de edad desde el mes en que fue enviada la circular hasta agosto de 2015. La consulta fue acotada a la administración central porque esos organismos fueron los notificados.
Entre mayo de 2012 y agosto de 2015, se realizaron 967 llamados abiertos para cargos en la administración central y solo 10 tuvieron como condición el límite de edad. El cumplimiento de la circular fue alto, a pesar de que la ONSC no tiene potestad para sancionar a los organismos que la incumplan.
Entre los 10 llamados que tuvieron como condición el límite de edad, cinco correspondieron a llamados de operario en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (electricista, carpintero, sanitario, albañil y maquinista). En estos casos el límite de edad fue de 35 años.
Además, hubo dos llamados para operador penitenciario con un límite de 45 años y se aclaró que como requisito se pidió test de Cooper (prueba física). Otro llamado fue para un cargo de administrador de base de datos, que se realizó con límite de edad por sugerencia de la ONSC (la sugerencia se hizo antes del envío de la circular) y dos llamados para auxiliar de servicio en el Ministerio de Turismo, donde se puso un límite de edad de 55 años por “exigencias físicas”.
La ONSC aclaró en su circular de 2012 que la edad sería una exigencia solo en casos donde haya un "grado de esfuerzo físico a realizar, como sucede con los trabajadores de la construcción, o tareas que exigen cierto dinamismo o esfuerzo más asociados a la juventud".
La administración central tiene cerca de 80.000 cargos, un 27% del total de los vínculos laborales públicos, que son casi 300.000. Estos llamados son administrados por el portal Uruguay Concursa.
Los que no recibieron la circular
La circular de la ONSC no fue enviada a los organismos del artículo 220 de la Constitución, donde se concentra la mayor cantidad de vínculos con el Estado. Son unos 137.000 distribuidos en el Poder Judicial, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados. Este colectivo representa un 46,8% del total de cargos y tienen al grupo con mayores vínculos con el Estado: los funcionarios de ANEP (el 25% del total).
Tampoco se envió a los organismos del artículo 221, que incluye a unos 35.000 cargos (12% del total) distribuidos en ANCAP, UTE, OSE, PLUNA, AFE, Administración Nacional de Puertos, Correos y bancos estatales.
Además, están los gobiernos departamentales, que tienen 40.000 (13,6%) y la menor cantidad de funcionarios está en el Parlamento, un 0,4% del total.
La modalidad de ingreso
En 2014, según el último informe de la ONSC, las altas de vínculos públicos en todo el Estado se realizaron un 46% por concurso en sus tres modalidades (“oposición y méritos”, “méritos y antecedentes” y “sorteo y concurso”), 2% por sorteo, 6% por designación directa y 46% por otros mecanismos de selección. En esta última categoría el 73% (15.479 altas) correspondieron a docentes efectivos e interinos de la ANEP que ingresaron por lista de aspirantes y el 12% (2.599) correspondieron a altas por el decreto - ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (ley 14.157).
Montevideo concentra más de la mitad de los vínculos laborales con el Estado (53,3%) y el resto se distribuye en el interior del país. Solo un 0,2% cumple funciones en el exterior.
