En una nota oficial, la entidad de la OEA admitió que la figura del juicio político existe en la legislación de varios países latinoamericanos pero señaló que "todo procedimiento sancionatorio debe contar con las garantías mínimas del debido proceso".
El respeto a esas garantías mínimas "posee particular relevancia en aquellos asuntos que versan sobre funcionarios públicos elegidos por voto popular, como es el caso de la presidenta Dilma Rousseff".
El pasado miércoles, el Senado brasileño selló la destitución de Rousseff -que había sido elegida en 2010 y reelegida en 2014- alegando la realización de operaciones fiscales y crediticias oficiales sin aprobación del poder legislativo.
De acuerdo con la CIDH la destitución de Rousseff ocurrió "a través de un juicio político sobre el cual se han planteado cuestionamientos respecto a las garantías del debido proceso".
"Ante los cuestionamientos sobre faltas al debido proceso, la CIDH considera de especial importancia la observancia que las autoridades competentes del Poder Judicial de Brasil proporcionen a este caso", señaló la entidad.
Michel Temer, quien era el vicepresidente de Rousseff, fue investido el miércoles como nuevo presidente de Brasil.
