La norma aprobada por el senado argentino establece que el emisor de tarjetas de crédito “en ningún caso efectuará descuentos ni aplicará cargos, por todo concepto, superiores al 1,5%” y que en el caso de pagos con débito “no podrá efectuar descuentos ni aplicar cargos a los comercios, estableciéndose la gratuidad de este medio de pago”.
También se define que la acreditación de los importes para los comerciantes, en el caso del débito, se hará en un plazo máximo de tres días.
En Argentina ya existe una ley de “Tarjetas de Créditos” (25.065) y lo que hace esta norma aprobada por el senado –por unanimidad– es modificar el artículo 15.
En Uruguay la situación es diferente. Los comerciantes tienen que pagar por el uso de ambos instrumentos de pago y los costos son mayores.
En el caso de las tarjetas de débito el arancel es de 2,2% y los comercios de reducida dimensión económica pagarán un 2% hasta el 31 de diciembre de 2017.
Actualmente, no existe una ley que regule el mercado de tarjetas. Solo hubo un proyecto que fue aprobado por todos los partidos en Diputados y luego se trancó en el senado.
La regulación en nuestro país se da por un compromiso de los emisores a cumplir un cronograma de reducciones adicionales en función del aumento de la utilización de estos medios de pago. El arancel máximo de las tarjetas de débito será de 1,5% y de 3,5% para las tarjetas de crédito cuando se den estas condiciones.
“El consumidor también sufre las consecuencias”
La modificación fue propuesta por el senador Alfredo Luenzo, del bloque Chubut Somos.
En su exposición de motivos, el legislador explica que en Argentina los comerciantes están obligados a aceptar medios electrónicos de pago por la ley 27.253, que se aprobó recientemente y establece un reintegro parcial del IVA para cierto grupo de la población.
Además, destaca que en los últimos años se ha logrado una reducción del porcentaje que cobran en los aranceles. En el año 1999 era 10 % y en 2004 pasó a ser de 3%.
También afirma que los bancos y en general la actividad financiera formaron parte del sector más favorecido de la última década en Argentina. “Uno de los instrumentos mediante los cuales lograron estas ganancias fue a través de las comisiones que les aplican las emisoras de tarjetas a los comercios y servicios”, agrega.
En 2015, el comercio le transfirió a las administradoras de tarjetas por concepto de pago de comisiones unos 160 millones de dólares con débito y casi 700 millones por crédito. “No sólo la pequeña y mediana empresa se ve afectada por estas condiciones también los intereses del consumidor sufren sus consecuencias ya que las altas comisiones establecidas y los costos financieros y fiscales se reflejan en los precios. A ello, debe agregarse en su caso el alto costo financiero para las operaciones en cuotas”, sostiene.
