Los fiscalizadores denunciaron en el Parlamento en 2016 y 2017 que su salario es “muy bajo”, con requisitos de formación muy importantes y que esta es la razón que explica la deserción de más del 50% de los profesionales.
Lo mismo habían declarado en una nota con el diario El País en octubre del año pasado y por esta razón fueron notificados del inicio de un sumario. La resolución tiene fecha 26 de julio y los sumariados son tres químicos farmacéuticos y una doctora.
“El sumario tiene el cometido de determinar y graduar la responsabilidad de los funcionarios imputados de falta administrativa, relacionado con las manifestaciones contenidas en el artículo de prensa del 2 de octubre de 2016, respecto a los procesos de habilitación que lleva a cabo esta secretaría de Estado”, dice la resolución.
¿Qué denunciaron los funcionarios?
El reclamo de los funcionarios fue el mismo en comisión del Parlamento y en la nota de prensa.
Previo a la votación de esta Rendición de Cuentas, los inspectores de Fiscalización fueron al Parlamento y recordaron que la división se conformó en 2009, como parte de la reforma de la salud del Frente Amplio, cuando hubo un llamado para profesionales. Hasta 2014, la división contó con 53 funcionarios, pero ahora tiene 24 de los cuales solo 19 hacen inspecciones de campo.
La doctora Alicia Aznárez de la división de Fiscalización dijo en comisión que “en este momento no existe herramienta informática ni papel que sustituya el ojo del inspector”. “Es más, la recomendación de la OPS y de la OMS es fortalecer las rectorías de los organismos de salud pública, teniendo más cuerpos inspectivos y mejor capacitados”, agregó.
Los fiscalizadores también explicaron en el Parlamento cuáles son sus tareas ante la consulta de los legisladores. Contaron que verifican si las instituciones cumplen con la normativa de salud vigente y que no exista riesgo para los usuarios. Por ejemplo, controlan las condiciones de la planta física de los prestadores, la documentación y la gestión de los recursos humanos y las tareas asistenciales. Luego elaboran informes, pero no toman decisiones, solo recomiendan o advierten al ministerio.
También inspeccionan a la industria y las empresas encargadas de la tecnología médica.
“Nosotros inspeccionamos desde cosméticos, industria farmacéutica, todo lo que tiene que ver con productos médicos y todas las instituciones de salud. Además, se controlan las metas asistenciales y se realizan las inspecciones denominadas GMP, que refieren a buenas prácticas de manufactura y con ese certificado las empresas quedan habilitadas para hacer exportaciones”, explicó la química Laura Ross.
