La denuncia contra el exdirector de ALUR Leonardo de León por el uso de las tarjetas corporativas de la empresa estaba dentro de la causa por la que Pacheco ya pidió el procesamiento sin prisión del ex vicepresidente Raúl Sendic y otros ocho exjerarcas de Ancap.
Para expedirse, el fiscal esperó los resultados de un informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) sobre el caso. El organismo anticorrupción se expidió en abril y consideró, en resumen, que De León cometió las mismas faltas contra la administración pública que Sendic.
Ricardo Gil, presidente de Jutep, dijo que de León no presentó ningún comprobante de sus gastos y eso era una “barbaridad”.
En el caso del ex vicepresidente Sendic, Pacheco decidió pedir el procesamiento por el delito de peculado (malversación de fondos públicos) y justificó su determinación en base al informe de Jutep, pero en el caso de De León tuvo otra interpretación.
Pacheco dijo que la Jutep tiene razón con respecto a las faltas administrativas cometidas por De León, pero aclaró que no se le puede adjudicar un delito penal contra la administración pública porque era funcionario bajo el derecho privado. Por eso no le corresponde el peculado.
La otra opción que tenía el fiscal, según dijo Pacheco, era pedir el procesamiento por el delito apropiación indebida. Sin embargo, no lo hizo y esta decisión también se explica, en parte, por las diferencias que hay con respecto al caso de Sendic.
En el caso de De León, ALUR no tenía un reglamento para el uso de la tarjeta y por lo tanto al director no le correspondía la obligación de rendir los gastos. Además, Pacheco señaló que la mayoría de los gastos que hizo el director pueden considerarse fundamentados ya que responden a alojamientos, transportes o alimentación, todos usuales en los viajes de negocios.
El fiscal dijo también que es relevante considerar que los presuntos damnificados de las conductas de De León, o sea los accionistas de ALUR, no denunciaron el hecho.
“En todo caso, la irregularidad más clara está dada por la ausencia de reglamentación para el uso de las tarjetas, situación que debiera corregirse, aunque ello evade el ámbito de la actuación judicial”, afirmó.
