Aire Fresco, una empresa vinculada a dirigentes del Movimiento de Participación Popular (MPP), fue denunciada en la justicia por presuntos beneficios recibidos de parte del Estado uruguayo al intermediar en negocios con Venezuela.
En su pedido de archivo, el fiscal Pacheco explicó que la operativa habitual de esta empresa consistía en intermediar entre los productores nacionales, que vendían a Aire Fresco sus productos a un precio y luego esta empresa negociaba el producto con el comprador venezolano por otro importe. En esa diferencia obtenía su ganancia.
“De la declaración de los empresarios llamados a testificar se desprende que los mismos decidieron libremente realizar los negocios concretados con Aire Fresco para la colocación de sus productos en el mercado venezolano, debido a que ésta -al igual que ocurre con otras empresas que también brindan servicio de intermediación en la modalidad de trader o broker- facilitaba la colocación de la producción local en el extranjero”, dijo el fiscal.
En su dictamen también sostuvo que Aire Fresco no era seleccionada por el Estado uruguayo, sino por las empresas estatales venezolanas, por lo que no son de aplicación las normas de contabilidad y administración financiera del Estado, ni tampoco se puede exigir un procedimiento competitivo para la elección del intermediario.
Pacheco le solicitó el archivo del caso a la jueza Dolores Sánchez porque no advirtió la existencia de hechos con apariencia delictiva.
Fiscal estudiará posibilidad de periciar sobrecostos en ALUR
En la causa vinculada a Ancap, el Partido Unidad Popular denunció delitos relacionados con la construcción de la planta de bioetanol en Paysandú.
La Fiscalía se había pronunciado por la supuesta sobrefacturación de la obra, que estaba dentro de las irregularidades denunciadas, y concluyó que con los elementos reunidos en la causa no habían suficientes pruebas para determinar responsabilidades penales. También aclaró que para determinar si hubo sobrefacturación podría haber solicitado una pericia económica, pero era muy costosa y no sabía si le iba a aportar insumos relevantes. Por lo tanto la descartó.
De todas maneras, Pacheco siguió investigando ALUR y en base a otras irregularidades detectadas durante el proceso judicial pidió el procesamiento de un ex gerente de la empresa por estafa.
Ahora, el fiscal resolvió reabrir el caso para sondear qué posibilidad tiene la Facultad de Ingeniería de realizar esa pericia y que costo tendría. La decisión fue tomada por la insistencia del denunciante en que se haga una pericia y una vez que tenga esta información, Pacheco determinará qué pasos seguirá, dijo a 180.
