Según la Sociedad de Arquitectos, no se instrumentaron “los principios vinculantes de participación ciudadana y sustentabilidad ambiental”. Además sostiene que “no existe fundamento para la enajenación que se propone, como no sea subordinar la operación a los requerimientos de una iniciativa privada presentada, instalando un precedente inaceptable”.
La Sociedad de Arquitectos ya había emitido un comunicado el 25 de julio en el que instaba a los poderes públicos a utilizar los mecanismos de participación pública y garantías previas de sustentabilidad.
"No existe fundamento para la enajenación que se propone, como no sea subordinar la operación a los requerimientos de una iniciativa privada presentada, instalando un precedente inaceptable”.
—Sociedad de Arquitectos del Uruguay.
La semana pasada la Mesa Departamental del Frente Amplio resolvió recomendar a los diputados no votar el proyecto de ley y pasar el tema a la Mesa Política Nacional. El vicepresidente de la Departamental y alcalde del Municipio A, Gabriel Otero, dijo a No toquen nada que la resolución se opone a la enajenación de los predios por ser propiedad y patrimonio los uruguayos.
“La Mesa Departamental discutió la enajenación del predio. En ningún momento estuvi en discusión en sí mismo el proyecto y la necesidad o no del mismo. Es más, se sabe que es absolutamente necesaria esa terminal. Decimos que no hay ningún tipo de problemas con que la concesión sea por más de 30 años porque no es un tema de tiempo en términos de concesión. Lo acá está en discusión es la venta del espacio público”, dijo Otero.
“Lo que entiende la Departamental, por unanimidad, es que no es lo que la izquierda ha llevado adelante en políticas de convivencia y de uso del espacio público. Un espacio público como la rambla que es propiedad y patrimonio de los uruguayos, no solo de los montevideanos. Ese es el concepto central para pedir que no se enajene y solicitar a la Mesa Política que tome el tema”, agregó.
Además de la SAU, también se manifestaron en contra la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, el grupo de vecinos “Por la Rambla Sur” y el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
