El presidente Tabaré Vázquez opinó sobre la decisión de su gobierno de no habilitar el periodo de movilidad regulada, también llamado apertura del corralito mutual, entre prestadores de salud prevista para febrero de 2019.
“Esto es culpa de los delincuentes. Ustedes, la gente en general, puede estar de acuerdo con el gobierno que quiere actuar con la normativa o de acuerdo con los delincuentes, defendiéndolos. El gobierno está para lograr que se erradiquen todas estas prácticas de corrupción que existen en el tema”, respondió Vázquez al ser consultado por la decisión.
Organizaciones de usuarios y también el Sindicato Médico del Uruguay se mostraron en desacuerdo con la decisión del gobierno.
Además, el presidente dijo que hay tres formas de cambiarse de prestador y que la “libertad de elección está durante todo el año”, una afirmación que es al menos discutible, ya que sin la apertura del corralito hay tres tipos de justificaciones que permitirían el cambio de prestador y ninguna es nueva. Todas están disponibles desde el 2009, cuando se inicio la movilidad regulada.
La primera es el cambio de domicilio, que es la más fácil de justificar como razón de la solicitud. Otra forma de cambiarse es afiliarse a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). Vázquez dijo que “por razones económicas”, una persona que no pueda pagar los costos de una institución puede irse a ASSE. Un matiz que se puede hacer a esta afirmación es que entre el resto de los prestadores existe competencia y hay algunos más baratos que otros, por eso para una persona no siempre podría ser ASSE la opción más económica. Sin la apertura del corralito, no hay otra opción.
La última razón como argumento de cambio que se puede presentar es la disconformidad con la atención recibida. Pero en este caso es más difícil de probar, es más lento y no siempre tiene un buen resultado. En los primeros tres meses del año, la Junta Nacional de la Salud (Junasa) respondió solamente un 15% de las solicitudes de cambio de prestador por pérdida de confianza
En Montevideo hubo 740 solicitudes y se trataron 182 casos, de las que se rechazaron 68. Además, a estas solicitudes se sumaron 1.038 en el Interior. Sebastián Fleitas, doctor en Economía especializado en defensa de la competencia, dijo en ese momento en No Toquen Nada que el 60% de rechazo ya evidenciaba un problema generado por esta decisión del ministerio.
En la última apertura del corralito mutual, en febrero de 2017, se cambiaron unas 54.000 personas y de mantenerse la tendencia del primer trimestre, el descenso que se generó sin la movilidad regulada será significativo: habrá unos 7.000 cambios, una cifra siete u ocho veces menor.
El cambio de postura del gobierno
La decisión de suspender la movilidad de usuarios se justificó por los delitos de intermediación lucrativa y la estafa que sufrió el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) en 2017.
El 8 de enero de este año, el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, anunció que tenían la voluntad y las herramientas tecnológicas para generar las condiciones que permitieran abrir el corralito. “Es una asignatura pendiente, estamos en condiciones de dar tranquilidad a la población que lo vamos a poder resolver y liberarnos del flagelo de que existan dineros públicos alimentando un delito”, aseguró.
Sin embargo, hace algunas semanas, Basso dijo que con el trabajo realizado durante todo este tiempo por parte del MSP, el Ministerio de Economía y otras dependencias del Estado, no se va a terminar la intermediación lucrativa. Para eso se necesitan nuevas leyes, que pretenden realizar con el asesoramiento del Poder Judicial y la Fiscalía, y eso todavía no está listo, dijo el ministro. Ahora se formó una comisión para trabajar en esto.
