El proyecto pasa nuevamente a la Cámara de Diputados ya que tuvo modificaciones. Esta nueva versión plantea explícitamente la pena que establece el Código Penal para los casos de falsificación de un declaración jurada que va de tres a veinticuatro meses de prisión.
El diputado Daniel Radio, que elaboró el proyecto y con Luz Calvo directora del Instituto de Derecho Civil I y IV de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, que asesoró al Parlamento en este tema, estuvieron en No toquen nada.
Según Calvo son muy pocos los procedimientos de sanción a los padres obligados a pagar pensiones alimentarias. Para la especialista esta ley es una fuerte apuesta a revertir esa situación.
Según el Reporte Uruguay 2015 efectuado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) a través del programa Uruguay Crece Contigo casi la mitad de los obligados a pagar pensiones alimenticias a niños menores de cuatro años no lo hacía.
Por esta situación en 2017 se aprobó una ley que creó un registro de personas obligadas al pago de pensiones alimenticias y se encomendó al BPS la retención de haberes. Pero esta fue efectiva sólo para los trabajadores en régimen de dependencia. Esta nueva ley pretende ser un instrumento de contralor para los trabajadores independendientes y las situaciones de trabajo irregular.
Radío dijo que el texto es un desestímulo a que los padres o madres obligadas mientan respecto a sus ingresos. Además, el proyecto plantea un efecto retroactivo por aportes no realizados.
